Ciudadanos a nivel nacional ha comunicado a sus afiliados en Melilla la expulsión definitiva del partido de Eduardo De Castro, que ejercía como coordinador territorial prácticamente desde sus inicios en 2015 y que desde junio de 2019 ocupa la Presidencia de la Ciudad Autónoma a pesar de tener un solo escaño sobre 25, después de recibir los apoyos de los ocho diputados de CPM y cuatro del PSOE, sumando así la mayoría absoluta de 13, frente a los 12 logrados por Juan José Imbroda del PP (respaldado por los 10 parlamentarios del PP y dos de Vox).
La formación que preside Inés Arrimadas ha enviado a sus militantes un WhatsApp en el que les informa que su organización ha concluido el expediente abierto a Eduardo de Castro a principios de año y ha acordado la “expulsión definitiva” del que hasta ahora era el máximo responsable de las formación naranja en la ciudad española del norte de África. Cs ha tomado esta decisión tras rechazar las alegaciones y recursos presentados por De Castro ante el Comité de Garantías de Cs.
Esta comunicación ha llegado este 22 de julio después que el 4 de abril de 2021 Cs desvelara que su comisión de régimen disciplinario había decidido expulsar a Eduardo de Castro por haber ocultado que estaba siendo investigado por la Fiscalía por un presunto delito de prevaricación.
El partido comenzaba así el procedimiento para dar de baja a su más alto cargo territorial -único miembro de Cs con rango de presidente autonómico- por haber «actuado con deslealtad al partido».
Eduardo De Castro está imputado en dos causas distintas por sendos presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos, en un caso por la concesión del servicio municipal de grúa y en otro por la concesión de la gestión de un nuevo centro de acogida de menores no acompañados a raíz de la crisis del coronavirus. En ambos casos ya ha declarado ante los jueces que llevan estos temas y se está a la espera de si deciden su procesamiento o el archivo de sus causas.
Tras la comunicación a los afiliados, resta hacerlo oficialmente a la Asamblea de Melilla, momento en el que perdería su condición de diputado del Grupo Mixto y pasaría a ser “diputado no adscrito”, el término oficial que se usa para denominar a los tránsfugas.
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