Cinco detenidos en Melilla tras desmantelar una red de empadronamiento ilegal a cambio de 2.000e por persona

La Policía Nacional ha desmantelado en Melilla una red que favorecía el empadronamiento fraudulento de ciudadanos extranjeros en situación irregular mediante contratos de arrendamiento falsificados a cambio de 2.000 euros por persona, en una operación que se ha saldado con la detención de cinco individuos. La operación ha sido desarrollada por la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Jefatura Superior de Policía tras descubrir «la inscripción fraudulenta en el Padrón Municipal de Melilla de varios ciudadanos de nacionalidad marroquí en situación administrativa irregular a través de contratos de arrendamiento falsificados».

Un portavoz de la Jefatura Superior de Policía ha detallado este jueves que la trama comenzaba cuando un varón de nacionalidad española, que trabaja para una gestoría de Melilla, captaba a ciudadanos marroquíes que necesitaban estar empadronados en un domicilio de la ciudad para acceder a la documentación necesaria que regularizase su situación en el Espacio Schengen.

El captador les ofrecía dicha posibilidad mediante la formalización de un contrato de arrendamiento sobre un domicilio de Melilla, si bien quedaba claro desde un principio que la intención no era residir en él, sino únicamente lograr el alta en el Padrón Municipal para acceder a los beneficios inherentes a dicha inscripción.

En ese punto, ha añadido el portavoz, entraba en escena otro varón de nacionalidad española con conocimientos en la materia, quien mediante la falsificación de la rúbrica de su exmujer, legítima propietaria de una vivienda de Melilla, suministraba los contratos de arrendamiento correspondientes, los cuales tras pasar todos los depósitos legales requeridos, desembocaban en la inscripción en el Padrón Municipal de los falsos arrendatarios.

La firma se llevaba a cabo en la sede de la gestoría estando presentes el captador, el facilitador del contrato y los arrendatarios, no así la propietaria de la vivienda, por ser ajena a todo el engaño, «ya que su exmarido era quien simulaba su firma para la consumación del contrato».

De esta forma se logró el empadronamiento de seis ciudadanos de nacionalidad marroquí, que utilizaron para legalizar su situación administrativa en España, llegando a pagar en el acto de la firma una cantidad próxima a los 2.000 euros a repartir entre el captador y el facilitador del contrato.

A los cinco detenidos se les han imputado los delitos de falsedad documental y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

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