Tras emitir una petición de reunión a través del registro telemático de la Ciudad, que tuvo entrada el pasado día 15, donde CGT solicita una reunión para el próximo día 1 de septiembre con la vicepresidenta de la Ciudad, Gloria Rojas, con el fin de aclarar sus dudas sobre el incumplimiento de la legalidad en los contratos de los Técnicos de Educación Infantil por parte de la Ciudad Autónoma, el sindicato manifiesta no dejar de sorprenderles que Rojas haya manifestado públicamente no haber recibido la solicitud de reunión remitida.
Aseguran que desde este momento se va a intentar hacerle llegar copia en persona por parte de las afectadas y añaden que “se hacen eco de sus declaraciones en prensa en relación a la situación de las técnicos de Educación Infantil, en las que ofrecía mantener una reunión con este Sindicato y sus representantes dentro del colectivo, nos ponemos en contacto con Vd. al objeto de, recogiendo su ofrecimiento público y dándole un margen de tiempo prudencial para cerrar esa reunión, proponerle que el próximo 1 de septiembre podamos realizar ese encuentro para aclararle todas las dudas que ha expuesto ante los medios de comunicación, aunque permítame decirle que solo con mirar las nóminas y los periodos por los que se está cotizando se ven claramente los incumplimientos de la legalidad por parte de la Ciudad Autónoma y el departamento que Vd. dirige”.
CGT continúa a la espera de confirmación por parte de la Consejera de Presidencia de Melilla, para fijar la hora de la reunión del 1 de septiembre, “esperando que pase de las excusas a los hechos y se concrete a la mayor brevedad para ajustar las agendas” y le recuerda las reivindicaciones básicas del colectivo, que son: la regularización de las cotizaciones de los días efectivamente trabajados para la Ciudad Autónoma de Melilla; la regularización y abono de las diferencias por trienios derivados de no computar las antigüedades reales a cada una de las técnicos educativos; la puesta en marcha inmediata de una OEP con al menos 150 plazas de técnico educativo para el acceso en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, eliminando con ello la sombra de la subcontratación privada y la regularización económica y cotizaciones de las cuantías adeudadas a las técnicos educativas contratadas mediante planes de empleo de la ciudad.
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