El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Melilla (CERMI Melilla) ha exigido a la Junta Electoral Central que anule con carácter inmediato la instrucción que permite a determinados agentes electorales (interventores, apoderados) cuestionar las condiciones del voto de las personas con discapacidad. De esta forma, según una nota informativa, la entidad se suma al CERMI Estatal, que advierte de que esta decisión puede ir en contra de lo ya recogido en la reforma electoral de diciembre pasado.
La instrucción, "elaborada y aprobada sin participación ni consultas con el movimiento social de la discapacidad, entra en contradicción clara con el espíritu y la letra de la reforma electoral de 2018 que ha reintegrado en el derecho de voto a todas las personas con discapacidad, restringiendo y debilitando el mandato legal que es categórico en favor del derecho de sufragio sin exclusiones", indican. La decisión de la Junta está "cargada de un enfoque sesgado y prejuiciado contra las personas con discapacidad, señalándolas particularmente y sometiéndolas a un marco genérico de sospecha que las coloca en una situación de desventaja grave a la hora de ejercer su derecho de voto por vez primera", apostillan.
Recuerda el comité melillense que el CERMI Estatal se ha dirigido a la Junta Electoral Central a través de su presidente pidiendo la revisión urgente de la instrucción para corregir esta "interpretación desviada y contradictoria con el tenor de la reforma electoral".
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