Cerdán dice que entregará al Supremo «toda la información» sobre su patrimonio de cara a su declaración

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha indicado al instructor del ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, que «tiene intención de aportar toda la información a su disposición relativa a su situación patrimonial», de cara a su declaración como imputado del próximo lunes, en el marco de la causa donde se investigan presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos de obras y material sanitario a cambio de comisiones.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa expresa una «clara voluntad de transparencia» para aportar dicha información, mostrándose «consciente» de que «esta obligación no incumbe solo al cargo público sino también a sus familiares directos, en este caso, esposa e hija».

Además, «para cotejar» los documentos que entregue al TS, propone que «mediante el Punto Neutro Judicial se obtenga toda la información disponible de los registros de los organismos públicos en su máxima expresión tanto del señor Santos Cerdán como de su mujer y su hija».

Por otro lado, solicita a Puente que «acuerde que para la declaración del señor Santos Cerdán del próximo día 30 se disponga de los medios técnicos necesarios para que los medios de comunicación y/o el público en general puedan seguirla en directo».

La defensa alega que «hay que tener en cuenta que en el presente procedimiento se investiga un posible caso de corrupción que afectaría a un ex ministro todavía miembro de las Cortes Generales y a otro exdiputado que ha ostentado la Secretaría de Organización del partido político que se encuentra en el Gobierno», en alusión al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y a él mismo. «El interés público del presente procedimiento resulta a todas luces indiscutible», afirma.

El propio Cerdán razona que, si bien la investigación penal tiene «carácter reservado», en este caso concreto «ha quedado ‘de facto’ sin efecto» porque «el interés público en el contenido de las diligencias de este procedimiento está conllevando a la publicación –inevitable– en todos los medios y formatos de las grabaciones, transcripciones, declaraciones existentes en este sumario».

«Cuando, como en el presente caso, ello sucede de forma ‘paralela’ a la autoridad judicial por parte de varios y distintos operadores jurídicos, la transmisión de la información es caótica, parcial y claramente interesada» y, «en definitiva, la información del proceso no llega a la sociedad como forma de ‘transparencia’ sino como un juicio paralelo que ya ha comprometido el derecho fundamental a la presunción de inocencia y al procedimiento con todas las garantías», sostiene.

A su juicio, «llegados a este punto, la solución tendente a proteger los derechos fundamentales del señor Santos Cerdán no pasaría tanto por restringir la actuación de los medios de comunicación sino por abrir al máximo el acceso a la práctica de las diligencias de investigación con el fin de conseguir que el ‘público ilustrado’ se conforme como ‘íntegramente ilustrado'».

En consecuencia, «considerando la importancia que tiene en el actual devenir procedimental –y en la debida corrección del juicio paralelo que sufre– la declaración como investigado del señor Santos Cerdán», insta a «que se levante su carácter reservado y que se dispongan los medios técnicos necesarios para que los medios de comunicación y/o el público en general puedan seguir en directo la realización de la misma», ya sea por un canal específico de ‘videostreaming’ o por TVE.

Por último, aprovecha para expresar su «absoluto respeto a la función jurisdiccional», razón que asegura que le ha llevado a no dar declaraciones a la prensa para «exponer su versión de los hechos investigados» únicamente ante el magistrado instructor. «Tendría poco sentido por nuestra parte rechazar el siempre tan criticado ‘juicio paralelo’ y, al mismo tiempo’ contribuir a su expansión», dice.

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