Cerca de 839 móviles incautados en la cárcel de Melilla entre el 2000 y el 2017

En los últimos 17 años, tiempo en el que los móviles empezaron a tener un uso general entre la población de Melilla, se ha incautado en el Centro Penitenciario de nuestra ciudad un total de 839 aparatos a los presos, según ha detallado la propia Dirección General de Instituciones Penitenciarias. El organismo que gestiona las prisiones españolas ha reconocido que la mayor parte de los terminales son introducidos en las prisiones por familiares, aunque también se han dado casos de connivencia de los funcionarios. Melilla está en la media porque en una ciudad de similares características como Ceuta, el número de teléfonos aprehendidos fue casi el mismo, 890 móviles desde el año 2000 frente a los 839 de nuestra ciudad. Aunque Instituciones Penitenciarias considera una prioridad mantener bajo control las comunicaciones de los internos, sobre todo para evitar que los capos del crimen organizado y los terroristas prosigan con la actividad delictiva desde su celda, el Ministerio del Interior ha sido incapaz de frenar el flujo de terminales en los 69 centros de su competencia. Y eso que la posesión de un aparato supone una falta grave disciplinaria para el preso, que le puede acarrear el aislamiento o el fin de privilegios.

Aunque siempre se había sospechado que existía una violación sistemática de la prohibición de que los presos accedan a comunicaciones sin control, ni siquiera los trabajadores de prisiones pensaban que el problema era de tal envergadura. Una respuesta de Interior ha revelado el alcance del agujero de seguridad.

Según admite el departamento que dirige Ángel Yuste, entre el 2000 y el 2017, los funcionarios se incautaron en los centros de 17.140 terminales, una media de un millar al año. O lo que es lo mismo, cada día se descubren en las cárceles casi tres teléfonos.

El problema, además, no decrece. Solo el pasado año fueron descubiertos 1.383 aparatos a internos, casi cuatro móviles incautados al día. Y eso que el número de presos se redujo en más de un 20 % durante los últimos años. Teniendo en cuenta que ahora la población reclusa en los centros del Estado (Cataluña tiene transferida esta competencia) es de 50.992 reos, en el 2017, uno de cada 36 internos tuvo un móvil. Un cálculo basado solo en los terminales descubiertos.

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Aún así, 2017 no fue el peor año. En el 2009, con unos 65.000 internos, se batieron todos los récords con 1.784 móviles confiscados. En el 2010, fueron 1.779. El problema no es, ni mucho menos, homogéneo. Hay cárceles que son un verdadero coladero, según se ha visto obligado a reconocer Interior. En trece de los 69 centros penitenciarios del Estado se han incautado más de 500 móviles en los últimos 17 años. A la cabeza se sitúa la cárcel de Topas (Salamanca), con 1.242 requisados. En este centro, en el 2009 se descubrieron 170 teléfonos entre los mil reclusos. O lo que es lo mismo, un teléfono ilegal cada siete reos. Le siguen Ceuta con 890 móviles desde el 2000, Melilla con 839, Valencia con 805, Madrid III con 728, Palencia con 673 y Las Palmas con 608.

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