CEAR pide garantizar el cese de “las devoluciones ilegales”

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) aprovechó su informe para plantear propuestas de mejora de las actuaciones del Gobierno. En lo relativo a las dos ciudades autónomas, hay dos peticiones muy claras: «Suprimir las restricciones a la libertad de circulación de solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla y los criterios discrecionales y discriminatorios para realizar traslados a la Península y garantizar el cese de las devoluciones ilegales de personas que llegan a las fronteras españolas».

CETI
El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) volvió a sobrepasar sus posibilidades de ocupación y llegó a alcanzar las 1.415 personas en diciembre, aunque la ocupación media fue de 984 personas para una capacidad de tan solo 480 plazas.
El perfil de las personas residentes continuó siendo mayoritariamente de procedencia árabe (un 45,9% originario de Siria, 8,5% de Argelia y 4,8% de Marruecos), aunque hubo también personas de origen subsahariano (15,1% de Guinea Conakry, 4,2% de Costa de Marfil). Asimismo, el número total de menores residentes en el CETI se elevó a 1.442, principalmente procedentes de Siria (83,3%), y el total de mujeres llegó a 1.058, con un 55,1% de este último país.
CEAR denuncia que en los CETI de Ceuta y Melilla se producen largas esperas, incluso superiores a un año, hasta la asignación de plaza, pese a no ser espacios de acogida adecuados para muchas de las personas solicitantes de protección internacional.

Asilo
Según CEAR, en 2017 el número de solicitantes de protección internacional en Melilla se incrementó levemente.
En 2017, se presentaron 2.897 solicitudes de protección internacional en Melilla; la mayoría (2.593) según el procedimiento de frontera y el resto (304) dentro del territorio nacional. «Cabe resaltar que a la población de procedencia subsahariana le sigue resultando imposible cruzar la frontera hispano-marroquí porque las autoridades del país vecino lo impiden», insistió CEAR para denunciar que estos inmigrantes «no pueden acceder a las oficinas de asilo habilitadas en la frontera y solo pueden solicitar la protección internacional aquellas que han logrado cruzarla de forma irregular, escondidas en el interior de vehículos o saltando la valla fronteriza».
Además, denunció que el año pasado «se continuó limitando de manera arbitraria» el derecho a la libertad de circulación a las personas solicitantes de protección internacional de nacionalidad argelina y marroquí, a quienes se impidió el traslado a la Península hasta que su expediente fuera resuelto, lo que suele tardar entre uno y dos años.
La imposibilidad de desplazarse a territorio peninsular de las personas solicitantes de protección internacional en Ceuta y Melilla fue, un año más, el motivo principal por el que el Servicio Jurídico de CEAR inició procedimientos contencioso- administrativos y tramitó quejas ante el Defensor del Pueblo.

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