CEAR-Euskadi aboga por descongestionar el CETI activando los mecanismos de asilo

El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla está ocupado mayoritariamente por personas procedentes de países en conflicto, muchos de ellos niños y mujeres que proceden de Siria. Sin embargo, entre los más de 1.400 ocupantes de este centro son muy pocos los que han ejercido su derecho a pedir asilo. La razón, tal y como denunció ayer la Comisión de Ayuda al Refugiado en el País Vasco (CEAR-Euskadi), debe buscarse en las “limitaciones” que los solicitantes encuentran a su derecho a la libre circulación, ya que no se permite viajar a la península a quienes piden esa protección internacional en Melilla. Este organismo, que ha estado esta semana en nuestra ciudad desarrollando una misión de observación de los Derechos Humanos junto con varios diputados del Parlamento Vasco y dos institutos de investigación de Derechos Humanos de universidades de Euskadi, mostró su preocupación por estas cortapisas, que provocan una “desincentivación del asilo”, y aseguró que si se activaran los mecanismos de protección internacional, se podría descongestionar la “sobreocupación estructural” que sufre el CETI de Melilla desde 2011.
Éstas son algunas de las conclusiones preliminares de esta misión, que ayer expuso en rueda de prensa la directora de CEAR-Euskadi, Patricia Bárcena, antes de que la expedición regresara al País Vasco tras finalizar el trabajo de campo en Melilla. Según dijo, vuelven con mucha información recabada de las numerosas reuniones que han mantenido con instituciones, organismos y diferentes entidades, entre ellas la Delegación del Gobierno, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ONG locales, el Colegio de Abogados de Melilla y responsables del CETI. También han estado en Nador y Seluán para comprobar por sí mismos las condiciones en que viven los inmigrantes que intentan constantemente acceder a nuestra ciudad de forma irregular.

Bárcena, que destacó el buen trato y recibimiento que han tenido en Melilla a lo largo de estos días, hizo hincapié en la conclusión principal de esta misión respecto a los pocos solicitantes de asilo que hay entre los acogidos en nuestra ciudad a pesar de que la mayoría de los inmigrantes que llegan proceden de países en conflicto, crisis humanitarias o situaciones de violencia.

La misión formada por la Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi (CEAR-Euskadi) atribuye este hecho a la limitación de la libre circulación de sus solicitantes en Melilla, aun cuando los solicitantes de asilo tienen derecho a moverse libremente por el territorio nacional. Bárcena recordó que así lo establece el artículo 19 de la Constitución Española, si bien en Melilla este derecho es “limitado” desde 2009 por una interpretación del Ministerio del Interior, que no traslada a la península a quienes piden esa protección internacional.

En opinión de Bárcena, probablemente la justificación del Gobierno para no trasladar desde Melilla hasta la península a los solicitantes de asilo sea evitar el efecto llamada, pero dijo no compartir este argumento porque España es el país con menor número de solicitantes de Europa y “no es la puerta de entrada generalizada ni alarmante” de la inmigración clandestina. De hecho, aseguró que las personas que entran de forma irregular a Europa lo hacen por Italia, Grecia, Malta o las fronteras del Este, no por España, donde se dan “cifras irrisorias” de solicitudes de asilo a pesar de que nuestro país es el más cercano a África, continente que forman numerosos países en conflicto.

Las mujeres, más víctimas
Las limitaciones a la libertad de circulación para los solicitantes de protección internacional es, en palabras de Patricia Bárcena, una “desincentivación de asilo” que genera una especial desprotección a las mujeres, colectivo en el que CEAR-Euskadi ha puesto el foco de atención en un estudio que lleva tiempo realizando y para el que se ha desplazado esta semana a Melilla junto con varios representantes de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Participación Ciudadana del Parlamento Vasco, y miembros del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe (Universidad de Deusto) e Ikuspegi – Observatorio Vasco de Inmigración (UPV/EHU).

Según la responsable de CEAR-Euskadi, las mujeres “quedan invisibles” y no son objeto de protección a pesar de que pueden ser víctimas de otras violencias al margen de las que conlleva el proceso migratorio, como son la trata de seres humanos, la violencia intrafamiliar y otras violencias relacionadas con el género y la orientación social.

Bárcena advirtió de que hay personas a las que la restricción de libre circulación también dificulta posteriormente la integración y protección de las que son merecedoras, y además ven afectado el principio de no devolución a los países de origen al que tienen derecho. “Si esas personas no tienen oportunidad de explicar si situación, su lugar de procedencia, su trayectoria migratoria… no se va a saber si es de recibo aplicarles la no devolución, que es un derecho que también tienen”, sostuvo Bárcena antes de afirmar que esta situación “afecta a hombres y mujeres, pero es especialmente preocupante la situación de las mujeres”.

De hecho, esta delegación de CEAR-Euskadi ha constatado que en Melilla existe la violencia de trata “e incluso puede estar presente en el CETI”, aunque no esté dando lugar a procedimientos penales o estadísticas porque no se inician los procedimientos de protección. Y esto ocurre porque “no se generan espacios de confianza ni se activan mecanismos necesarios para poder generar que las mujeres puedan confesar y decir cuál es su situación”.

Al hilo, la directora de CEAR-Euskadi también expresó la preocupación de la misión por el hecho de que se supedite la protección de las mujeres a la denuncia contra las redes que las han explotado, sin dar otra vía de protección como es el asilo, que podría abrir otras posibilidades para conseguir que haya más mujeres protegidas.

En cualquier caso, reconoció que detectar e identificar a víctimas de trata es “un tema muy complejo” a pesar de que existen perfiles de manera generalizada que permiten extraer indicios sobre si una mujer puede estar siendo explotada sexualmente por una organización criminal. En este sentido, subrayó la importancia de que todas las partes que trabajan con inmigrantes estén implicadas, “tener mirada y que todos unánimemente podamos actuar bien en Melilla o luego en la península”, una vez que son trasladadas y llegan a otras ciudades y pueblos de España, entre ellos los del País Vasco.
“Por eso estamos aquí, tenemos que saber de dónde vienen, qué ha pasado y por qué están allí para facilitarles la protección que realmente merecen”, insistió Bárcena, que ha transmitido estos días a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la necesidad de trasladar a las víctimas de trata a la península para protegerlas mediante la distancia de quienes pueden estar explotándolas.

Otra de las pruebas de la “invisibilidad” de las mujeres inmigrantes ante los medios de comunicación y la sociedad en general es el hecho de que la principal vía de entrada, la valla, esté prácticamente restringida a los hombres. En todos estos años solo dos mujeres han conseguido superar la frontera metálica, aunque la directora de CEAR-Euskadi subrayó que eso no significa que no lleguen mujeres, ya que “están aquí y entran por otros lados”, como pueden ser embarcaciones y los pasos fronterizos.

Porteadoras
En su ánimo de poner el foco de atención en la situación de las mujeres, esta misión de observación de DDHH se ha encontrado en Melilla con el caso de las marroquíes que trabajan como porteadoras. Bárcena reconoció que este apartado no lo han conocido que han llegado aquí y se han entrevistado con organizaciones que les han pedido poner el asunto sobre la mesa, dado que sufren unas condiciones y situaciones “preocupantes”, además de una invisibilidad que también padecen otras mujeres que residen en Melilla.

El CETI
Volviendo al colectivo inmigrante, la directora de CEAR-Euskadi denunció que la sobreocupación del CETI, que no es puntual, sino “estructural” desde 2011 por estar siempre muy por encima de su capacidad máxima, impide que se pueda dar una atención individualizada a sus ocupantes, que no pueden vivir en una situación óptima. “Este problema hay que atajarlo de alguna manera”, dijo Bárcena tras reconocer que se están haciendo esfuerzos por descongestionar el centro, aunque no de manera suficiente. Por ello, consideró que activar los mecanismos de protección puede ser una vía de descongestión del CETI, teoría en la que coinciden otros organismos como la Defensora del Pueblo, entre otros.

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