Bajo el lema ‘Salvemos el servicio postal’, miembros de la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC.OO.) realizaron ayer una acampada frente al Palacio de la Asamblea en defensa del servicio postal público y contra el “abandono” y el «desmantelamiento gradual» que, según denuncian, está llevando a cabo el presidente de la compañía, José Manuel Serrano, desde su llegada al cargo en 2018.
Tal y como sostienen, el “modelo logístico” impulsado por Serrano ha generado “el mayor agujero económico de la historia” de la compañía, una “ruptura del diálogo social” y unos “niveles de desánimo y frustración sin parangón”. “Cuando todos los correos europeos durante el año 2021 han tenido beneficios, Correos ha tenido pérdidas”, destaca Juan Diego Román Luque, secretario provincial de CCOO en Correos, quien sostiene que con dicho modelo “prima más lo económico y privado” antes que un servicio público “accesible y asequible” al ciudadano.
En el caso de Melilla, Román explica que la compañía “ha aprovechado la situación” con las tarifas que ya se habían publicado a principios de año para cobrarles a los ciudadanos “enmarañándoles en un sistema de autoliquidación” del IPSI para que, al final, no tengan otra opción que gestionar el asunto con Correos.
“Es una más”, resume, denunciando que esta decisión, junto con otras como el “trasvase” de paquetería a ‘CorreoExpress’ o la creación de “puntos nodales”, está provocando una reducción en la plantilla a nivel nacional, del servicio público “por ende”, y que se “abandone aún más si cabe” a la España rural.
Plantilla
El secretario provincial de CCOO en Correos afirma que en la ciudad está actualmente la mitad de la plantilla trabajando, mientras que la otra mitad ha solicitado días de asuntos propios, o está de vacaciones, de baja o, “simplemente”, no se han reconocido “puestos estructurales” que con la nueva reforma laboral tendrían que haberse convertido en vacantes para la nueva consolidación.
“Todo eso está provocando que a día de hoy esté la mitad de la plantilla en las unidades de reparto y de servicios especiales, que son los que reparten la paquetería de gran volumen, y en oficinas prácticamente lo mismo”, explica Román, asegurando que no cubren “ni vacaciones, ni permisos ni los derechos de los sindicatos”.
“No cubren absolutamente nada y la razón de eso es el puro negocio, el puro recorte y la devaluación, por ende, del servicio público que presta Correos aquí en nuestra ciudad que, si antes estaba mal, ahora se ha precarizado aún más”, sentencia.
Por todo ello, CCOO y UGT han convocado una huelga general para el próximo 1, 2 y 3 de junio para exigirle al Gobierno que “salve” el servicio público postal del “desguace, así como que se discuta “a fondo” el modelo postal público del país.
Correos desmiente las acusaciones de los sindicatos y “garantiza la calidad” de la prestación del servicio
Horas después de la protesta, Correos salió al paso de las acusaciones de los sindicatos y garantizó “la calidad” del Servicio Postal Universal que presta la compañía “en las mismas condiciones de equidad, accesibilidad, asequibilidad y no discriminación que establece la Ley 43/2010 del Servicio Postal Universal”. Asimismo, negó que exista un plan para privatizar el servicio, ni que se esté produciendo un “trasvase de actividad” a ‘CorreoExpress’, ni que se esté destruyendo empleo o cerrando alguna oficina o centro de distribución.
En ese sentido, la compañía explica que se encuentra “inmersa en un proceso de transformación de su modelo de negocio que reviertan las pérdidas que sufrió en 2021, “agravadas” por la pandemia del covid-19.
“Este proceso de transformación gira entorno a tres ejes: la diversificación de servicios, la internacionalización y una mejora de la eficiencia. Todo ello manteniendo la calidad del servicio a la ciudadanía y con un empleo estable y de calidad, sin ningún plan de privatización y sin ningún proceso de despidos”, argumenta, asegurando que siguen “apostando por el diálogo social continuo y el empleo estable”.
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