El sindicato CCOO-Melilla ha incluido entre sus reivindicaciones para el Día Internacional de los Trabajadores, que se conmemora hoy, el pago del plus de residencia y la bonificación para los empleados de nuestra ciudad y soluciones al problema que sufren los transfronterizos. En una nota de prensa, CCOO pidió ayer que se cambien los requisitos que se exigen a los marroquíes para trabajar en Melilla como trabajadores transfronterizos, además de la implantación de políticas activas de empleo y la eliminación de la gran tasa que, según el sindicato, hay de contratos interinos o eventuales. Estas peticiones se unen a las que hace el sindicato a nivel nacional para el 1º de Mayo, que son concretamente la creación de empleo estable, salarios justos, pensiones dignas y más protección social.
Según CCOO, “no hay excusas” para que el crecimiento económico llegue a todas las personas, para lo que considera necesaria la aprobación de un Plan de Choque por el empleo, la derogación de las reformas laborales, la mejora de los salarios y el reforzamiento de las redes de protección social.
La recuperación del gasto en sanidad, educación, protección social y ayuda a la dependencia, extendiendo su cobertura y mejorando la calidad de sus servicios, son otras de las reivindicaciones de CCOO, que pide un Estatuto de la Función Pública y la puesta en marcha de un Plan Estratégico para la Industria.
Una mejor política en I+D+i y la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, así como la conocida como “Ley Mordaza”, ocupan un lugar destacado entre las reivindicaciones que se recogen en el manifiesto de CCOO para el 1º de Mayo, “todo ello en el marco de un país que necesita una fuerte regeneración democrática y cultural”.
Los PGE 2017
Respecto a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que están en estos momentos en pleno trámite parlamentario, CCOO denunció que “insisten en las recetas fracasadas del pasado y no resuelven la profunda crisis de empleo que padecen la economía y la sociedad española”. El sindicato también criticó al Gobierno por no consultar con los agentes sociales el proyecto de PGE antes de su presentación en el Congreso, por lo que hará llegar a los grupos parlamentarios sus enmiendas.
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