CCOO pide consenso para acabar con la “discriminación” a los transfronterizos

La Secretaría de Políticas de Empleo, Políticas Públicas y Migraciones de la Unión Provincial de CCOO de Melilla pidió ayer un amplio consenso de las fuerzas políticas y sociales para llevar a cabo la reforma legislativa que requiere la situación de “discriminación administrativa, fiscal y prestacional a la que están sometidos los trabajadores transfronterizos en Melilla”. En una nota de prensa, el sindicato informó de que el pasado jueves envió a todos los partidos políticos un informe sobre la situación de este colectivo laboral, que en Melilla afecta a más de 4.000 trabajadores, según los datos de los extranjeros afiliados a la Seguridad Social. Según CCOO, su informe compara la situación de los trabajadores transfronterizos con los nacionales y otros colectivos de extranjeros. Así, a pesar de que “con su actividad diaria contribuyen en gran medida al desarrollo de Melilla”, “se encuentran discriminados con respecto al resto de los trabajadores” en diferentes aspectos. Por ejemplo, sufren un descuento de un 25% de sus nóminas en concepto de impuesto de los no residentes. También una retención del IRPF al igual que a los trabajadores españoles, aún cuando no tienen derecho, luego, a presentar la declaración de la renta.
Además, no tienen derecho a prestación por desempleo, a pesar de cotizar por ello. Y sufren “desorbitadas tasas para la renovación de los permisos”, una reducción de la vigencia del permiso de trabajo, de cinco años a uno, así como la “aplicación arbitraria de la asistencia sanitaria”.
CCOO dijo que, siendo consciente de que la solución a este problema conlleva la modificación de leyes, decretos, órdenes, reglamentos y, además acuerdos bilaterales entre estados, elaboró en el año 2012 un informe exhaustivo sobre “esta situación de discriminación” y lo trasmitió a todos los estamentos sociales implicados y competentes para este cambio de legislación. Anualmente se actualiza y se envía a las entidades con implicación social, pero “tras sendas solicitudes para tratar un tema cada vez más enquistado en esta sociedad, no se ha sabido nada. No ha habido ninguna reforma en sentido positivo, siendo toda modificación efectuada referente para acentuar más la situación de discriminación vivida por este colectivo”, lamenta.
El sindicato resaltó la dificultad que conlleva la modificación de esta realidad social y normativa, en la que resultan afectados no sólo normas internas del Estado, sino también convenios y acuerdos bilaterales internacionales. “Estamos, por tanto, ante un problema interdepartamental, en el que se ven afectados los Ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación, Empleo y Seguridad Social, Hacienda y Administraciones Públicas, Interior y Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad”, señaló.
De ahí que reclamara “un amplio consenso de las fuerzas políticas y sociales para llevar a cabo la reforma legislativa que requiere esta situación”. “La complejidad de las dificultades para alcanzar este consenso no significa ni es excusa para no promover su reforma, siendo necesaria una actuación a corto plazo en este sentido”, concluyó.

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