Un documento interno remitido por la Comisión Europea a los Estados miembros plantea diez medidas para conseguir que se recojan las huellas dactilares de todos los migrantes en situación irregular o solicitantes de asilo interceptados en suelo comunitario cuando se nieguen a colaborar, directrices que incluyen la posibilidad de hacer uso de la fuerza o detener a quien se niegue a proporcionar esta información.
Así se desprende del documento difundido por la plataforma europea Statewatch, un escrito de la Comisión Europea clasificado como "límite", es decir, de exclusivo uso interno, que recoge este decálogo como ejemplo de "buenas prácticas" tras sondear el modo en que los 28 Estados miembros gestionan la recogida de huellas dactilares para la base de datos comunitaria Eurodac.
El refuerzo de este sistema común de información es precisamente uno de los objetivos de la Comisión para impulsar el convenio de Dublín ante la llegada cada vez mayor de migrantes y refugiados. Según este acuerdo, el responsable de un inmigrante en situación irregular o un solicitante de asilo es el país por el que entró en la UE y no el Estado en que después, fue localizado. Permite así devolver a España a una persona interceptada en Alemania cuyas huellas dactilares fueron recogidas, por ejemplo, en Melilla.
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