El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Melilla (ICAME), Blas Jesús Imbroda, respondió ayer al informe que ha publicado el Defensor del Pueblo dejando claro que los protocolos del ICAME garantizan la asistencia jurídica de los migrantes. Además, indicó que el tema de los intérpretes y traductores compete a la Administración y que deben tener una preparación de distintos idiomas para que la comunicación con los extranjeros no genere ningún problema. Imbroda puso en valor el trabajo “intenso” que realizan los abogados del turno especializado de Extranjería en las oficinas de asilo en la frontera de Beni Enzar ya que en lo que va de año hay tramitados 5.110 expedientes, de los cuales 2.561 han sido en esta materia. Blas Jesús Imbroda aseguró que el Colegio de Abogados de Melilla tiene establecidos protocolos para que la asistencia jurídica se preste “con plena garantía y plena efectividad”.
El decano del ICAME responde así al informe publicado por el Defensor del Pueblo en el que indicaba que los letrados de la ciudad no informaban a los extranjeros “de manera compresible”, debido a una carencia de intérpretes y traductores, sobre la protección internacional.
Respecto al tema de los intérpretes y traductores, respondió que es un tema que compete a la Administración y es la que tiene que facilitar traductores que tengan “la suficiente preparación” de distintos idiomas para que la comunicación con los extranjeros no genere ningún problema.
Además, indicó que se preocupa y ocupa para que sea una asistencia “de calidad”, donde haya entrevistas reservadas y que se garanticen los derechos de las personas migrantes.
En este sentido, recordó que los abogados del turno de oficio, especializados en materia de Extranjería y protección internacional, acaban de terminar un curso a principios de julio en colaboración con CEAR y ACNUR ya que “continuamente” reciben formación sobre esta materia.
Letrados de Melilla
El decano dejó claro que los letrados de Melilla están “preparados” para prestar la asistencia jurídica “con plena garantía” ya que tiene como objetivo delimitar primero si son personas que precisan protección internacional y ver si pueden ser acogidos como refugiados políticos, asilo político.
Además, resaltó que están preparados para distinguir “si al menos puede a ver indicios de que una persona puede ser víctima de tarta de seres y para los supuestos de menores que precisan una asistencia jurídica específica”.
Imbroda expuso que los abogados hacen las asistencias en los procedimientos administrativos de la ley, tanto de devolución como de procedimientos de expulsión y asisten jurídicamente a las personas migrantes. Luego, aclaró que hacen el seguimiento de todos los procedimientos en el sentido de si es objeto de un expediente de devolución o expulsión; se hacen los recursos vía administrativa o ante los Juzgados de lo contencioso-administrativo.
El decano aseveró que los abogados de Melilla sí informan “de forma compresible”, de hecho, expuso que, tras informarles sobre su derecho a acogerse a protección internacional luego son asesorados.
Consejo General
Imbroda destacó que, a nivel nacional, el Consejo General de la Abogacía ha pedido que, por parte de la Administración en todos los casos de asistencia jurídica a personas migrantes, haya infraestructuras e instalaciones “adecuadas” para que los abogados puedan realizar las preceptivas entrevistas individualizadas previas.
También, subrayó que se han visto “deficiencias” en algunos lugares, incluso pidiendo apoyo del Defensor del Pueblo, en los servicios de traducción para la correcta comunicación entre el letrado y las personas migrantes.
“Se han observado deficiencias en algunos lugares en los servicios de traducción y se ha puesto en conocimiento del Defensor del Pueblo”, puntualizó.
Devoluciones
El decano afirmó que en Melilla en el tema devoluciones en los que se aplica el tratado de España y Marruecos cuando se han realizado por parte de la Administración no se han comunicado ni al Colegio de Abogados ni a los letrados que asistieron.
“Los abogados después de asistir a esa persona no les han comunicado que se procedía a la devolución de esas personas, esto nunca se ha comunicado”, remarcó.
Imbroda señaló que se han enterado “a posteriori” y mandaron un escrito poniéndolo en conocimiento del Defensor del Pueblo porque a todas las personas, e incluso en el caso en el que se produjo a la devolución por parte de la Administración aplicando este tratado de España y Marruecos, no se les trasladó al Juzgado “para otorgar apud acta en favor de los abogados para poder garantizarles la defensa ante los tribunales de sus derechos”.
El Colegio de Abogados de Melilla interpuso una queja dando traslado de su disconformidad por esta actuación. “Consideremos que el no haberlas llevado para otorgar el apud acta vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva”, concluyó.
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