Bienestar Social agiliza los trámites para que 25 niños sirios vuelvan con sus familias

La consejera de Bienestar Social y Sanidad, Mª Antonia Garbín, considera resuelto "por el momento" la situación de los menores de origen sirios, porque 25 han sido entregados a quienes dicen ser sus padres bajo la figura de la guardia provisional, una vez se les han realizado las pruebas de ADN y tras contar con el apoyo de la Fiscalía y la Jefatura de Policía. Garbín manifestó que el volumen de trabajo que está generando la atención de los niños sirios y el resto de menores extranjeros no acompañados con sus continuas altas y bajas, ha obligado a la Consejería a tener que ampliar su plantilla incorporando un trabajador social, un educador social y un auxiliar administrativo. En declaraciones a este Diario la consejera Garbín considera resuelto, "al menos por el momento", la situación complicada que se planteó con los menores de origen sirio que habían llegado a la ciudad sin la compañía de un adulto aunque después fueron reclamados por los que decían ser sus padres. Después de un trabajo de meses, unos 25 menores han vuelto con los que dicen ser sus padres. La fórmula legal que se ha buscado, la guarda provisional.

Garbín manifestó que siempre dijo que los menores volverían con sus familias, pero que no había que olvidar que estos niños habían entrado solos por los puestos fronterizos, es decir, sin ningún adulto, por lo que la Ciudad Autónoma tenía que acogerlos: "Nosotros no separamos a los niños de sus padres, sino que la Ciudad hace un acogimiento residencial porque han entrado solos por la frontera". En ese sentido dijo que las concentraciones que casi a diario han venido realizando miembros del colectivo sirio a las puertas de la Consejería para exigir la entrega de estos niños "no son necesarias porque saben que tenemos unos trámites que cumplir y no nos los podemos saltar".

Los trámites en esta materia "se hacen siguiendo la legalidad vigente, con la Jefatura Superior de Policía que realiza informes de detalle, después la Fiscalía hace un escrito diciendo que no va poner pegas a la guarda provisional, se hace la prueba de ADN y sin esperar que llegue el resultado definitivo se le entrega a la familia, a la que se le concede la guarda y custodia con la documentación necesaria". Por lo tanto indica que las concentraciones no son necesarias, "porque saben que hay trámites que se tienen que hacer".

Volumen laboral
El proceso se ha alargado más porque a medida que se iban resolviendo los expedientes, se producían nuevas entradas de menores de origen sirio, según indicó. En declaraciones a Cope, la consejera recordaba esta semana que "en ocasiones los niños entran primero a Melilla y después las familias, o al contrario y los padres ya en la ciudad exigen que se les entreguen pero no se puede pretender que a la fuerza y con concentraciones no cumplamos lo que nos marca la legislación en materia de protección".

Afirmó también que la Consejería trabaja "para muchos melillenses", para atender sus necesidades y no puede verse "colapsada" como ocurre con el tema de los menores, tanto los de origen sirio como los menores extranjeros no acompañados (MENA) "que son en el 90% marroquíes, porque tenemos también muchos niños de Melilla que precisan de nuestra intervención". El volumen de trabajo, aseguró, "se ha duplicado" en los últimos tiempos, de ahí que haya sido necesario solicitar a Administraciones Públicas una ampliación de platilla para reforzar la actual. Así, se ha solicitado un trabajador social, un educador social y un auxiliar administrativo. También mostró su solidaridad con los técnicos de los que dijo que "sufren de manera injusta" las críticas y "la presión constante de las concentraciones a las puertas de la Consejería".

Por otra parte, anunció que se ha reunido con la directora general de Infancia y Familia en Madrid para seguir ahondando en la reforma de la Ley del Menor, y dijo que el Gobierno había aceptado, "en una primera criba", incluir una serie de deberes para los menores en acogimiento residencial, delimitar el tiempo de tutela de la Ciudad Autónoma y "dar potestad reglamentaria" a Ceuta y a Melilla para desarrollar esta normativa.

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