Baltasar Garzón dice que los derechos de los inmigrantes son prioritarios a la territorialidad

El exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dejó claro ayer que la territorialidad debe estar subordinada a los derechos fundamentales de los inmigrantes, cuya protección debería ser prioritaria para el Ministerio del Interior, aunque lamentó que no ve “demasiada voluntad” en este sentido. Garzón, que participó ayer en la I Jornada de Concienciación ‘Derechos Humanos en la Frontera Sur’, opinó que “hay que proteger los derechos de los ciudadanos y luego debatir dónde está el límite”, aunque en el caso de la frontera española considera que “está claro dónde es”. “Si lo traspasas tienes que aplicar la normativa española, no puedes aplicar para lo que te dé la gana o te convenga y no para lo que te perjudica”, agregó Garzón, en cuya opinión el poder judicial debería tomar “decisiones valientes en ese sentido” para que esta cuestión no quede “a la arbitrariedad de la interpretación política oportunista de un gobierno”.

Según Garzón, “es muy grave” que se esté decidiendo “últimamente por criterios estrictamente arbitrarios y políticos dónde está el límite”, creando una “inseguridad” para quienes tratan de entrar a territorio español que “es muy grave porque se puede convertir en una amenaza” para los derechos humanos.

A su juicio, “todo lo que está normativizado por vía reglamentaria con una interpretación de la ley cada vez más restrictiva va en perjuicio de facilitar la acogida de los inmigrantes”, los cuales no dejarán de intentar entrar “forzando una valla o arriesgando la vida” hasta que no haya una política alternativa que ofrezca “una solución viable”.

Para el exjuez, la situación en Melilla es compleja y debe ser la Administración central la que tome medidas “siempre buscando la protección de los ciudadanos y de las personas que ingresan”, para lo que aseguró que “hay formas alternativas que eviten esa avalancha continua”. De hecho, afirmó que España ha venido manteniendo dichas políticas que “de golpe se cambiaron y ahora en vez de acoger, rechazamos”, algo que censuró porque no se debe “prescindir absolutamente de unos derechos para garantizar la no entrada como si [los inmigrantes] fueran el mal de todos los males para la UE”.

En este sentido, criticó la “desastrosa” política europea en materia de inmigración por su falta de uniformidad a pesar de que hay normas comunes. “Creo que es tiempo de que esa reflexión se imponga. No voy a pedir al Gobierno español que haga mucho porque no creo que haga nada en ese respecto, ya que es partidario y aquiescente con esa situación”, explicó Baltasar Garzón antes de rechazar de plano las denominadas devoluciones en caliente.

Devoluciones en caliente
En su opinión, “el quebranto de los derechos de los inmigrantes se manifiesta en esos casos como en ningún otro”, ya que la devolución sin respetar las previsiones legislativas ni las acciones judiciales y “yendo hacia una política de hechos consumados que no se puede reparar supone uno de los atentados más graves a las personas que resultan afectadas”. No en vano, recordó que hay antecedentes de inmigrantes que perdieron la vida y desaparecieron años atrás después de verse afectados por esas devoluciones en caliente, de modo que esta actuación “es algo que debemos evitar”.

En la misma línea se expresó respecto a la actuación de Marruecos, ya que en España no hay demasiado control ni conocimiento de lo que dicho país hace, dando lugar a “denuncias permanentes de violación sistemática de derechos fundamentales en centros y prisiones”, todo ello con “una especie de pacto de silencio de la UE vergonzoso”.

Por ello, insistió en que hay que colaborar con las autoridades de Marruecos “pero desde la perspectiva de la protección de los inmigrantes”, buscando para ello fórmulas para compatibilizar los derechos a entrar o no.

En este sentido, expresó su preocupación por “la facilidad con la que las autoridades marroquíes entran incluso en zona española y siendo un reino que parece que es de nadie”, actuando “con la aquiescencia, el silencio y la complicidad de las autoridades españolas.

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