El presidente de Somos Melilla, Amín Azmani, ha expresado su opinión tras la suspensión del contrato de vigilancia privada de la Ciudad Autónoma, valorado en 27 millones de euros, por parte del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Esta decisión se produce después de que Somos Melilla señalará presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación.
La formación política había destacado posibles falsedades y omisiones en el Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) por parte de SURESTE SEGURIDAD S.L., la empresa propuesta para el contrato. También cuestionaron aspectos técnicos de la oferta y señalaron que no se consideraron antecedentes sancionadores de la empresa, lo que podría violar el principio de igualdad entre licitadores.
Azmani ha subrayado que la suspensión del contrato confirma sus advertencias sobre la falta de transparencia y rigor en la contratación pública. Ha reclamado responsabilidades políticas, señalando que el gobierno actual compromete la seguridad en Melilla y la confianza pública. Azmani concluyó que Melilla merece un gobierno que actúe con seriedad y transparencia.
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