La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) expone que la actuación del personal militar en la Operación Balmis ha supuesto que estos profesionales hayan estado en primera línea de lucha contra el coronavirus COVID-19, en muy diferentes campos: desinfección de residencias de ancianos y de instalaciones de todo tipo, traslado de fallecidos, servicios de apoyo en el Hospital Militar Gómez Ulla, montaje y mantenimiento de hospitales de campaña y centros de acogida, traslado de alimentos a residencias, control y vigilancia en vías públicas y, “muy posiblemente dentro de poco tiempo”, la toma de muestras a personal civil en apoyo del Ministerio de Sanidad.
Señalan que todas estas misiones están expuestas a los agentes biológicos, con el riesgo de poder transmitirlos a las unidades donde están destinados, familias y personal apoyado. A esto se une que, muchos de sus integrantes, sobre todo, los no pertenecientes a la Unidad Militar de Emergencias o equipos especializados, “no hayan tenido una formación adecuada a esta situación, debido fundamentalmente a la inmediatez de los apoyos a prestar”.
Asimismo, creen que el Ministerio de Defensa debe asumir las “obligaciones inherentes” a la vigilancia de la salud de sus trabajadores, en estos casos el personal militar, incluso en operaciones, tal como establece el Real Decreto 1755/2007 de prevención de riesgos laborales del personal militar de las Fuerzas Armadas y de la organización de los servicios de prevención del Ministerio de Defensa.
En base a todo esto, ATME ha reclamado a Defensa que se realicen test para el diagnóstico del COVID-19 PCR a todo el personal de las Fuerzas Armadas, al considerarse que son personal de alto riesgo.
