Arranca 14 años después el juicio por el caso de los vales de alimentos con Hassan Driss como procesado

CPM, que ejerce como acusación, pide tres años de prisión por un presunto delito de malversación, y otros 60 días por dos delitos electorales continuados, además de 24 meses de multa con cuota diaria de 30 euros e inhabilitación

La Fiscalía pide un mes de cárcel, 10 meses de multa con cuota diaria de 10 euros e inhabilitación durante tres años para el exviceconsejero de Asuntos Sociales, Hassan Driss (PP), acusado de un supuesto delito electoral continuado por presunta compra de votos en las elecciones autonómicas de 2007 a cambio de vales de alimentos. En este procedimiento judicial, cuyo juicio empieza esta mañana, CPM, que ejerce como acusación, pide tres años de prisión por un presunto delito de malversación, y otros 60 días por dos delitos electorales continuados, además de 24 meses de multa con cuota diaria de 30 euros e inhabilitación.

En este procedimiento también está supuestamente implicado el presidente de una asociación cultural en la que las víctimas, personas vulnerables, acudían a un taller de tamazight, según el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso MELILLA HOY.

De acuerdo con este escrito, los hechos que se juzgarán a partir de hoy se remontan al periodo electoral de las elecciones municipales del 27 de mayo de 2007, y el Ministerio Fiscal pide idéntica pena para el presidente de la asociación cultural Namibia, Mimun Mohamed Hamed “El Ruso”, gestor del curso.

La Fiscalía señala en su escrito que el curso se impartía en un local cercano al centro de Melilla, y acusa al presidente de la asociación de “prevalerse de la situación de necesidad económica de las personas” que acudían al curso, “en su mayoría de origen bereber, dependientes de subvenciones y/o ayudas públicas”.

Según la Fiscalía, supuestamente les instó, indujo y coaccionó “a «vender» su documentación electoral, que utilizó a su propio interés, animándoles a solicitar el voto por correo de modo que, una vez recibidas las solicitudes de voto, los electores se las entregaban al acusado junto con el carnet de identidad el cual fotocopiaba en la misma oficina”.

Asevera que el propio presidente de la asociación era quien se encargaba de rellenar las solicitudes, “devolviéndoselas nuevamente a los titulares de este derecho para que las firmasen y depositasen en Correos, único momento en el que la LOREG ex art 72.1 prevé la identificación personal del votante”.
Asimismo, indica que, cuando recibían en sus casas la documentación, “quedaban obligados a darle al acusado Mimun en el local el resguardo del certificado de Correos, el ejemplar para el solicitante del voto por correo y el sobre con las papeletas que les había enviado la Junta Electoral”.
Como “recompensa de la cesión de esos votos con los que estaba comercializando”, la Fiscalía apunta que “le otorgaba a estas personas un vale de alimentos por cuantía de 60 euros cargados a la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, canjeables en los establecimiento de Aliprox”.
Los «electores comprados», según la Fiscalía, se desentendían, desde el momento del intercambio, de los trámites ulteriores, “que eran realizados por el acusado, quien introducía en el sobre el voto de su apetencia electoral y lo reenviaba a la Junta, momento en el que la LOREG ya no prevé que el portador del sobre que realice el envío se identifique personalmente ex art 73.3 segundo”.
Indica que los vales de alimentos “no siguieron los trámites administrativamente previstos legalmente para los mismos, dado que dicha conducta contaba con el beneplácito y aquiescencia del viceconsejero de Asuntos Sociales, Hassan Driss, quien los expedía”.

Usurpado su derecho al voto libre
La Fiscalía entiende que “diversos ciudadanos melillenses vieron usurpando su derecho al voto de carácter libre, personalísimo y secreto en las elecciones de mayo de 2007 en Melilla” y considera que estos hechos son constitutivos de un delito electoral continuado.
De ahí que la Fiscalía solicite para cada uno de los acusados una pena de 30 días de prisión, 10 meses de multa con cuota diaria de 10 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres años, inhabilitación especial para ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de la condena y costas.

Actualmente representa al PP en Emvismesa
Hassan Driss ha seguido desempeñando cargos públicos mientras el PP ha estado en el Gobierno de Melilla, los últimos como presidente de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Melilla (Emvismesa) y viceconsejero de la Vivienda, de los que cesó en 2019.
En la actualidad, es representante del PP en el Consejo de Administración de Emvismesa, donde a principios de esta legislatura fue propuesto por su partido como presidente, si bien su candidatura obtuvo menos votos frente a la de la cepemista Yonaida Sellam, actual presidenta de la empresa pública.

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