La empresa Arquisocial ha decidido paralizar de momento la tramitación del expediente de regulación de empleo (ERE) anunciado para este 7 de enero si no se llevaba a cabo la prórroga del contrato de gestión del centro de Purísima por un periodo de dos años. El motivo, la línea de negociación abierta con la Ciudad Autónoma en la búsqueda de un acuerdo que satisfaga a todas las partes. Según han confirmado a este Diario fuentes de la Ciudad Autónoma, la empresa Arquisocial ha decidido paralizar por el momento el expediente de regulación de empleo previsto para este 7 de enero de no llevarse a cabo la prórroga por dos años del contrato en vigor, tal como se acordó en comisión el pasado mes de noviembre.
La decisión de paralizar el despido de los 200 trabajadores afectados (140 de ellos con contrato fijo), se debe a que se ha abierto una línea de negociación con la Ciudad en la que intervienen las Consejerías de Hacienda, Empleo y Comercio y la de Distritos, Juventud, Participación Ciudadana, Familia y Menor.
El Gobierno local, que considera que resulta imposible prorrogar el contrato porque las condiciones iniciales han cambiado al haberse multiplicado en este tiempo el número de menores acogidos a lo que venía recogido en los pliegos de licitación, ha ofrecido a la empresa la continuidad del servicio mientras se elaboran los pliegos de un nuevo concurso, lo que evitaría el despido de los trabajadores.
El viceconsejero del Menor y la Familia, Abderrahim Mohamed, confirmaba este fin de semana en redes sociales que esta línea de negociación abierta había conseguido la desconvocatoria de las concentraciones de protesta previstas por los trabajadores. También señalaba, tal como se recogió en prensa, que el Comité de huelga de trabajadores de la empresa Arquisocial que gestiona el centro de menores Purísima había comunicado también la suspensión de la huelga que estaba prevista para el 6 de enero “debido a los avances en el diálogo entre las partes implicadas”.
“Este Gobierno asegura a la plantilla de trabajadores que no peligran sus puestos de trabajo; y la intención es incluso mejorar sus condiciones laborales”, manifestó. “Además se garantiza el servicio que se debe dispensar a los menores acogidos tutelados por la Administración ya que sus cuidados y atenciones no pueden ni deben verse afectados por las negociaciones. Ni menores ni empleados se verán afectados por una cuestión de trámites”, ratificó. La negociación sigue abierta.
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