La Conferencia Sectorial de Administración Pública, en su primera reunión después de nueve años, ha adoptado un acuerdo para favorecer la movilidad interadministrativa de las empleadas víctimas de violencia de género que facilitará su traslado a la Administración y a la localidad que soliciten. Esta decisión tiene como objetivo que estas empleadas públicas "puedan recibir el apoyo psicológico, la asistencia social y la protección integral que necesiten, así como poder vivir en un entorno familiar, personal y laboral en el que se sientan arropadas". Con el acuerdo adoptado se pretende, igualmente, que la empleada pública no sufra pérdida en sus retribuciones ni un retroceso en su carrera profesional por el hecho de verse obligada a cambiar de localidad de residencia.
Este tipo de necesidades de movilidad se tramitarán de forma preferente, de forma que la resolución se dicte en el menor tiempo posible, y protegiendo la intimidad de las víctimas, y en especial sus datos personales, así como los de sus ascendientes y descendientes. La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, que ha presidido la reunión de la Conferencia, ha destacado que "las empleadas víctimas de estas situaciones deben conocer este derecho que las ampara y que les facilitará la toma de una decisión no siempre fácil de adoptar. Debemos ser capaces de generarles confianza y estabilidad en las condiciones laborales de las que venían disfrutando, porque sólo así conseguirán desarrollar su vida con cierta normalidad".
La Conferencia Sectorial de Administración Pública reúne a los consejeros de las comunidades autónomas y de las ciudades con estatuto de autonomía de Ceuta y Melilla así como a la representación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
