El Consejo de Ministros ha aprobado dos acuerdos que autorizan la suscripción de los convenios de la Administración General del Estado (AGE) con Ceuta y Melilla para la creación de Oficinas Técnicas de Proyectos, que impulsarán la ejecución de las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros del 18 de octubre de 2022, que aprobaron un Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico en cada una de las dos ciudades.
Según ha informado el Ejecutivo, ciudades de Ceuta y de Melilla cuentan con un contexto geopolítico y socioeconómico particular y un régimen de autogobierno definido en sus Estatutos de Autonomía de 1995. “Estas particularidades geográficas y de frontera, unidas a la diversidad de su población y a la presión asistencial y migratoria requieren una atención especial para los dos territorios” ha subrayado.
Desde el compromiso de la AGE con estas ciudades, el Ministerio de Política Territorial impulsó una estrategia para incentivar la creación de oportunidades, la transformación económica, la modernización, la digitalización y la sostenibilidad de estos territorios, reforzando así la cohesión social y reduciendo sus diferencias económicas con el resto de España.
Fruto de este proceso, en el que participaron activamente las dos ciudades, los departamentos ministeriales y los agentes sociales y económicos, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 18 de octubre los Planes Integrales de Desarrollo Socioeconómico de Ceuta y Melilla.
Los Planes contemplan una inversión de 354,6 millones de euros (Ceuta) y 356,77 millones de euros (Melilla) aproximadamente, más de 711 millones en su conjunto, con un horizonte temporal de ejecución hasta 2026.
El objetivo de los Planes Integrales es ordenar la actuación de la AGE en el ámbito de sus competencias en cada una de las ciudades para impulsar su transformación estructural a través de un nuevo modelo económico y de políticas de desarrollo urbanístico, comercial, turístico y de conectividad, y mediante el fortalecimiento de los servicios públicos.
Los Planes se estructuran en tres ejes prioritarios de actuación en los que se agrupan 80 medidas, para cada uno de ellos, destinadas a inversiones y reformas y garantizar oportunidades de crecimiento económico y cohesión social.
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