APDHA: “La impunidad en la gestión de las fronteras de Ceuta y Melilla debe cesar”

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) presentó ayer su informe anual ‘Derechos Humanos en la Frontera Sur’ para hacer un repaso de un año 2015 que, según la ONG, ha supuesto la “institucionalización formal de las violaciones de los DDHH en la gestión de los flujos migratorios y el control de fronteras”. De esta manera, APDHA se refiere a la entrada en vigor hace poco más de un año de la Ley de Seguridad Ciudadana, en la que se daba cobertura legal a los rechazos en frontera, un aspecto muy criticado a lo largo de sus 76 páginas, así como el blindaje de las fronteras de Ceuta y Melilla y la apertura de las oficinas de asilo en ambas ciudades autónomas. Muchas son las conclusiones que extraen los diferentes expertos en migraciones que plasman sus análisis en el informe de APDHA. Entre ellas, una exigencia: “La impunidad en torno a las políticas migratorias de gestión de las fronteras de Ceuta y Melilla debe cesar”.
La ONG se basa en su reproche hacia la diferenciación que hacen las autoridades españolas entre los subsaharianos, a los que se refiere como “migrantes económicos”, frente a los refugiados. Una “falsa oposición” entre los dos colectivos que, según APDHA, se ha acrecentado con la coincidencia en el mismo año de “la legalización de las ‘devoluciones en caliente’, que vulnera el principio de no devolución de las personas en busca de protección internacional, con la inauguración, en marzo de 2015, de las oficinas de registro de peticiones de asilo en Ceuta y Melilla, previstas para facilitar la tramitación de solicitudes de asilo en la frontera”.
Según esta asociación, “la apertura de las oficinas de asilo en Ceuta y Melilla no parece facilitar el acceso a la protección internacional para todas las personas en igualdad de condiciones”, habida cuenta que para los subsaharianos “es imposible” acceder a ellas porque “las autoridades marroquíes bloquean su acceso y proceden regularmente a detenciones colectivas en la zona fronteriza”. Ello, a pesar de que “según el comité de ACNUR en España, el 70% de las personas originarias de África subsahariana que tratan de cruzar la valla son solicitantes de asilo”.
APDHA se basa en sus entrevistas con la Guardia Civil de Melilla, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y el testimonio de inmigrantes para afirmar que pasar la frontera podría ser “una cuestión de piel”, diferenciando entre “blancos y negros”.
“Para una persona negra que busca protección, las únicas opciones para cruzar la frontera por tierra parecen ser saltar la valla o bien cruzar escondida en un vehículo, lo que es muy caro. Las oficinas de asilo en la frontera parecen constituir una manera adicional de criminalizar las migraciones subsaharianas, intentando demostrar que estas personas no pasan por las vías legales puestas a su disposición. Las autoridades españolas en el lugar no las consideran como personas necesitadas de una protección internacional y justifican así los ‘rechazos en frontera’”, apunta APDHA en su informe.

Dificultades de los sirios
De todos modos, la ONG asegura que también “está comprobado” que las personas exiliadas sirias “también pueden tener dificultades para cruzar la frontera”. Así, el informe se hace eco de las diferentes manifestaciones que sirios y palestinos llevaron a cabo para protestar en 2015 al otro lado de la frontera para denunciar que estaban bloqueadas por las autoridades del país vecino, lo que les llevaba a tener que pagar 1.000 euros por alquilar o comprar pasaportes marroquíes o “sobornar a intermediarios para que la policía marroquí permita su paso”.
APDH apunta, además, como causa del bloqueo la “extremada rentabilidad” que supone para el país vecino tener a los refugiados sirios en su territorio, ya que “los hoteles y restaurantes están completos desde hace meses” y constituyen “una fuente de negocio”. La asociación denuncia que “muchas familias han sido separadas por la frontera” y que la llegada de sirios ha bajado por las mayores dificultades que tienen debido a “la imposición de un visado a partir del 1 de enero de 2015 para llegar a Argelia, país por el que las personas exiliadas transitan para llegar al norte de Marruecos”. Esto “ha tenido como consecuencia el desplazamiento de las rutas más al sur, por Mauritania y Mali”.
Según APDHA, “la situación de bloqueo en las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla ha conducido en 2015 a un aumento significativo del número de intentos de cruzar hacia Europa por el mar desde las costas del norte de Marruecos, con todos los riesgos que representan estos trayectos”.

“La vulneración de los derechos está legalizada”
Por todo ello, pone en duda que Ceuta y Melilla sean “nuevas tierras de asilo” por haber abierto oficinas de protección internacional en sus puestos fronterizos. “Estos dos enclaves se parecen más bien a tierras donde la vulneración de los derechos de las personas llamadas “migrantes” está legalizada, permitiendo así mantener la arbitrariedad y la impunidad en la gestión de la frontera terrestre euro-africana. Ceuta y Melilla son así un ejemplo, entre otros, de zonas de selección de las personas candidatas a la inmigración hacia Europa, entre “malos migrantes” y “buenos refugiados”. Las vidas no se pueden seleccionar”, asevera.

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