Antecedentes en la investigación

La Operación Ópera tiene varias líneas de investigación, una de ellas para "demostrar posibles fraudes de ley en materia de contratación pública y posibles conciertos previos entre cargos públicos y/o funcionarios de la Ciudad Autónoma con determinados empresarios de Melilla". Antes de la nueva fase de la Operación Ópera que tuvo lugar ayer ya hubo otros capítulos anteriores. El 12 de septiembre, la unidad orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Melilla llevó a cabo registros durante todo el día en cuatro consejerías (Medio Ambiente, Fomento, Economía y Hacienda y Bienestar Social) y la empresa pública municipal Emvismesa.

El objetivo era recabar abundante documentación relacionada con la adjudicación de contratos menores de la Ciudad Autónoma a un empresario con problemas fiscales, A.K., administrador de la empresa Reformas y Construcciones El Porvenir S.L., sobre el que empezó una investigación tributaria en el año 2009. A.K. fue detenido el 15 de septiembre, tras lo cual ingresó en prisión.

Un mes más tarde, el 18 de octubre, la Guardia Civil detuvo a tres altos cargos de la Consejería de Medio Ambiente, concretamente el consejero de Medio Ambiente, José Ángel Pérez Calabuig, el director general de Gestión Económica de la consejería, José Pastor, y el funcionario Carlos López Rueda, además del interventor de la Ciudad Autónoma, Francisco Platero. Todos ellos quedaron en libertad con cargos el mismo día.

Aquella jornada también se saldó con la imputación de otras seis personas, entre ellos el actual consejero de Economía y Hacienda, portavoz y vicepresidente segundo del Gobierno melillense, Daniel Conesa, y los exconsejeros Ramón Gavilán y Rafael Marín.

Respecto a Gavilán, cabe recordar que el 10 de febrero la Audiencia Provincial de Málaga con sede en Melilla levantó las medidas cautelares que le había impuesto la jueza Alcázar, por lo que pudo recuperar su pasaporte.

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