ANPE muestra su “perplejidad” por el “nulo avance” en el desarrollo del diseño de la profesión docente

Imagen de archivo de una clase de un colegio de Melilla

El sindicato ANPE ha trasladado su “perplejidad” ante la propuesta de estabilización docente que presenta el Ministerio de Educación y Formación Profesional (FP) para acabar con la temporalidad en el ámbito de la educación pública, ya que considera que este muestra “una serie de incógnitas procedimentales y jurídicas”. En ese sentido, el sindicato alerta una vez más de “la necesidad de contar con todas las garantías y avales jurídicos necesarios”.

“Se está intentando aplicar un sistema de estabilización que fue diseñado para otras administraciones con realidades totalmente distintas del ámbito educativo”, advierte ANPE, que asegura que esta situación es “un capítulo más de la aplicación del concurso de méritos, que obliga a realizar la Ley de estabilidad en los términos pactados en su día mediante acuerdo con algunas organizaciones sindicales que derivó en la promulgación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público”.
“Ya venimos advirtiendo de lo problemático y de las serias dudas que nos plantea su aplicación en el sector docente sin esas necesarias adaptaciones que no se tuvieron apenas en cuenta en el RD 270/2022”, señala el presidente nacional del sindicato, Francisco Venzalá.

“Muchos interrogantes”
ANPE considera “fundamental” que el proceso de estabilización se tiene que acometer con “transparencia” y garantizar que se oferten todas las plazas vacantes “susceptibles de formar parte del procedimiento y se evite la posible arbitrariedad por parte de las comunidades autónomas”. Y es por eso por lo que desde ANPE han manifestado su “discrepancia” con la forma en la que se han calculado en las distintas comunidades las plazas susceptibles de ser ofertadas en este concurso de méritos, aplicando criterios “muy desiguales”.


En definitiva, para ANPE este sistema de concurso de méritos plantea “muchos interrogantes”, tanto jurídicos como de procedimiento, que avisa que “de no ser corregidos y aclarados provocará que el proceso de estabilización que se pretende llevar a cabo no sólo no se logre”, sino que puede “desembocar en una importante decepción” para el profesorado interino respecto a las expectativas inicialmente generadas por la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

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