Por Gonzalo Fernández
La situación de carencia económica y social en que se encuentran muchos millones de personas en el mundo reviste un gran dramatismo.
Los datos que nos ofrecen las diferentes organizaciones mundiales, en lo referente a la situación de carencia económica y social en que se encuentran muchos millones de personas en el mundo, revisten un gran dramatismo.
En muchos países la pobreza, la desintegración social, de buena parte de sus ciudadanos, es consecuencia de la situación caótica en que se encuentra el país, donde las instituciones, el estado, no cumplen con su trabajo y los pocos poderosos se apoderan de la riqueza del país y esquilman a sus ciudadanos. Muchos países, alguno de ellos con un alto potencial económico, sumen en la miseria a sus ciudadanos y les obligan a ver la migración como única salida. Pero al ser el problema estructural, incluso la diminución de la población no saca de la pobreza a los que se quedan, sino que la miseria se perpetúa ad infinitum.
Esa migración de los menos favorecidos también crea problemas a los países que los reciben. Se trata en general de las personas menos capacitadas cultural y socialmente del país del que emigran, por lo que su integración en la sociedad receptora es con frecuencia muy difícil y en ocasiones imposible. En muchas ciudades europeas existen “guetos” donde los inmigrantes perpetúan su desintegración y, como consecuencia, la desigualdad social y económica a medio y largo plazo. Ello conlleva además un gran gasto para la sociedad receptora.
Jessica Martín y Cristina Pozo, en un informe de RTVE, escriben: “ser pobre significa no disponer de los recursos materiales, culturales y sociales necesarios para satisfacer las necesidades básicas y quedar excluido, por tanto, de las condiciones de vida mínimamente aceptables para el Estado o territorio en el que se habita. En el caso de España, el 26,4 % de la población está en riesgo de verse en esa situación y el 9,5 % sufre ya el grado más intenso de la escasez, lo que se conoce como pobreza severa. Si ese último porcentaje se traduce al número de ciudadanos, lo que vemos es que unos 4,5 millones viven en hogares con ingresos extraordinariamente bajos. Y si esta otra cifra se traslada al terreno de los hechos, lo que encontramos son demasiadas personas decidiendo a diario entre alimentos y calefacción, entre ropa y ordenador, entre libros y medicamentos”.
Un estudio de EAPN en España aporta datos que pueden sorprender, por no ajustarse a lo que pudiera considerarse el estereotipo de las personas que se encuentran en situación de pobreza. “La mayoría de las personas en pobreza severa (el 72 %) son españolas, con un nivel educativo medio (53 %) o alto (17,9 %), con trabajo (27,5 %) y con vivienda (95,2 %). Más de tres millones de personas no pueden permitirse comer carne o calentar la casa”
José María Vera, director de Oxfam Intermón en España, afirma que “el 1% más rico de la población mundial ha absorbido el 27% del crecimiento de la riqueza y además el nivel de riqueza retrocedía en los países más empobrecidos del mundo y también para las clases medias de los países occidentales”.
Este empobrecimiento no solo tiene consecuencias económicas y sociales, sino también políticas, ya que ocasiona un fuerte sentimiento de rechazo del sistema democrático, que se manifiesta incapaz de cumplir con su principal, diría única, responsabilidad u obligación, garantizar el bienestar de sus ciudadanos. Según Oxfam, más de un 70% de los latinoamericanos considera que la democracia funciona solo para una élite.
Una vez expuesto el problema, se deben tratar las posibles soluciones. En España, y en muchos otros países occidentales, se adoptan soluciones paternalistas. Se genera gasto con ayudas o transferencias de riqueza sin retorno, cualquiera que sea el nombre que se le den, ingreso mínimo vital, PER. Pero si bien este gasto ayuda a corto plazo a aquello que lo reciben, no soluciona el problema que ha ocasionado la necesidad de ayuda.
El gasto es en principio y como axioma malo. La inversión, por el contrario, es buena. Si se hace una carretera para que su uso permita el transporte de un número elevado de personas y mercancías con mayor facilidad, seguridad y en menor tiempo, es una inversión rentable a futuro. Si se hace un aeropuerto como el de Huesca, que tuvo en un año 95 pasajeros, es un gasto inadmisible, que debería ocasionar acusaciones de prevaricación contra los políticos que lo impulsaron, por razones obviamente electoralistas. Pero Huesca no es el único caso, lo mismo ha sucedido con varios otros, como el aeropuerto de Ciudad Real, que fue vendido a unos inversores chinos por 10.000 euros, tras haber costado su construcción 450 millones de euros.
Regalar un dinero, del que han privado a los que lo han producido, cargándoles impuestos, es fácil y proporciona votos baratos a corto plazo. Realizar inversión rentable es menos beneficioso electoralistamente y a corto plazo, pero es la única manera en que los vergonzosos niveles de pobreza existentes tiendan a desaparecer.
