Cuando hace tres años y medio Pedro Sánchez y el PSOE promovieron una mayoría Frankenstein, mediante la alianza con fuerzas políticas anticonstitucionales, abrieron una caja de Pandora que les condena a la inestabilidad, cuando no al ridículo.
El último episodio del sainete estuvo vinculado esta semana a los diez años de la rendición de ETA, que algunos han presentado como no fue. El terrorismo separatista vasco ha sido, durante medio siglo, la encarnación misma de la maldad: 855 asesinados, miles de heridos, amenazas, extorsiones, estragos y decenas de miles de ciudadanos que se vieron forzados a huir. Por mucho que se hable de su dimensión política, fue mucho más grave el daño moral, al servicio de una causa basada en la estrafalaria doctrina del fundador del Partido Nacionalista Vasco, Sabino Arana, un sujeto manifiestamente desequilibrado.
Muchos tuvieron que morir hasta que en los años 90 se formó una amplia mayoría social que respaldó una firme política antiterrorista. Fue lo que hizo José María Aznar, cuyo mandato concluyó en 2004 con la práctica derrota de la banda. Hasta poco antes el PNV, por boca de su líder Javier Arzallus, aseguraba que ETA no podría ser derrotada por las fuerzas de seguridad del Estado. Estaba equivocado por completo.
De manera sorprendente el inútil de José Luis Rodríguez Zapatero emprendió una política de negociación que suministro oxígeno político a ETA, al servicio de anotarse el tanto de su disolución. Esta última ya era inevitable y el principal efecto de su lamentable gestión fue recuperar credibilidad a la causa de los filoetarras, que habían quedado completamente desprestigiados tras barbaridades como los asesinatos de Gregorio Ordóñez, Fernando Múgica, Francisco Tomás y Valiente, Ernest Lluch o Miguel Ángel Blanco, o los atentados de Hipercor, Zaragoza, Vich o la República Dominicana. La política de paños calientes de Zapatero sólo puede calificarse, por emplear un término diplomático, de idiota.
Al servicio de su mayoría Frankenstein, Pedro Sánchez ha cedido en el principal instrumento de presión que tiene el Estado contra los restos de la banda: los presos. Casi todos han sido trasladados a las inmediaciones del País Vasco y, peor aún, la competencia de prisiones ha sido transferida al Gobierno de Vitoria.
¿A cambio de qué? Evidentemente a cambio de que los filoetarras de Bildu respalden en el Congreso al Gobierno socialcomunista, y muy en especial los Presupuestos, como reconoció su dirigente Arnaldo Otegui. Que la estabilidad del Gobierno de España esté en manos de los herederos de una banda terrorista ilustra acerca de la indignidad extrema de Pedro Sánchez y su Gobierno.
Este último es incapaz de recuperar un mínimo equilibrio. Ha ocurrido, entre otros casos, con la negativa a ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo que ha inhabilitado al diputado de Podemos Alberto Rodríguez, culpable de haber agredido a la policía durante una manifestación. Socialistas y podemitas han pretendido que sus actuaciones estén al margen del Estado de Derecho, con burla manifiesta del Tribunal Supremo. Incluso llegaron a ovacionar al tal Rodríguez, circunstancia inimaginable en cualquier parlamento democrático del mundo. Por fortuna, aún quedan jueces en Madrid.
