Prácticamente el conjunto de asociaciones que representan a los policías nacionales y guardias civiles se han opuesto a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como ‘ley mordaza’, que plantea el gobierno de coalición en el Ejecutivo central que integran PSOE y Unidas Podemos.
Así, diez organizaciones policiales han respaldado este lunes la creación de la plataforma ‘No a la España insegura’, que trata de canalizar el rechazo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la Ley de Seguridad Ciudadana, a partir de un calendario unificado de movilizaciones que incluye la protesta del 24 de noviembre frente a las delegaciones del Gobierno y la del 27 de noviembre en Madrid convocada por Jusapol. Las diez organizaciones que suscriben esta plataforma son SUP, SPP y UFP, por parte de la Policía Nacional; AUGC, AEGC, APC, ASES-GC, UO e IGC, asociaciones de la Guardia Civil; y también PLA, el sindicato de Policía Local Asociada. La idea es sumar a otras organizaciones, incluyendo a cuerpos autonómicos, en una «unidad de acción real para frenar la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana», ya que comparte la «oposición frontal» a las enmiendas presentadas por el PSOE y Unidas Podemos, socios del Gobierno de Sánchez.
Por su parte, once organizaciones de la Guardia Civil, entre ellas JUCIL, la mayoritaria en el Consejo del Instituto Armado, han firmado un comunicado conjunto en el que avisan de que la reforma de esta ley abre un «oscuro escenario de incertidumbres» en el que sólo ganan quienes quieren «derrocar el orden social establecido» mediante acciones violentas. «De aprobarse esta reforma nos adentramos en un oscuro escenario de incertidumbres, con claro y peligrosos efectos secundarios para la convivencia y el Estado de Derecho. Con este cambio sólo ganan quienes no están de acuerdo con el orden social establecido y pretenden derrocarlo en las calles mediante accionistas violentas, ahora lo tendrán más fácil», apuntan. El comunicado lo firman las asociaciones que obtuvieron la mayoría de vocales por la escala de oficiales y suboficiales, UO y ASES-GC, así como la propia JUCIL. Con la ausencia entre los firmantes de AUGC, el texto también es respaldado por AEGC, APC, IGC o UniónGC, entre otras.
Todo esto sin contar con la oposición de diversos partidos políticos, de forma especial el PP.
Con este amplio rechazo, el Ejecutivo central debería reconsiderar su posición y plantearse que quizá no es una buena idea derogar la actual Ley de Seguridad Ciudadana.
