Hace apenas tres meses que durante su viaje a los Estados Unidos Pedro Sánchez prometió a un grupo de inversores que el mercado inmobiliario español no sería intervenido. Naturalmente, les mintió. Esta semana acaba de llegar a un pacto con los comunistas de Podemos para controlar los alquileres, lo que se inspira en una ley venezolana de 2011, cuyo efecto, por cierto, fue catastrófico.
Según lo que se conoce, además, la futura norma será casi en su totalidad inaplicable. No pasa de ser un nuevo ejercicio de propaganda para acaparar titulares en los medios de comunicación y renovar el pacto con los radicales que le permitan aprobar los Presupuestos y seguir en el poder. El resto le trae a Sánchez completamente al fresco. No es que tenga poca vergüenza política, es que no tiene ninguna.
La intervención del mercado de la vivienda invade competencias de las comunidades autónomas, como ha denunciado la Generalidad catalana, pero además no se aplicará en las autonomías gobernadas por el PP -que suman el 40 por 100 de la población- y es probable que tampoco en otras que gobierna el PSOE, como Castilla-La Mancha. Allí donde intente aplicarse será una fuente de conflictos y por supuesto reducirá de manera drástica la oferta de viviendas de alquiler, con el consiguiente aumento de precios.
La Administración, además, no tiene capacidad para gestionar semejante intervención. Bien se ha visto en el caso del Ingreso Mínimo Vital, que ha tenido un retraso de meses. En la práctica, lo que hizo el Gobierno fue contratar a empresas privadas para examinar las peticiones. Han sido jóvenes sin apenas experiencia quienes en realidad han decidido si una familia tenía derecho a tal Ingreso o no. La mitad de las peticiones han sido rechazadas.
Otro tanto ocurre con nuevos aumentos de gasto público que llegan a resultar extravagantes, como el bono cultural para jóvenes de 18 años. Es una forma de ocultar problemas reales como el aumento sin freno del precio de la luz, sin que el Gobierno sea capaz siquiera de plantear el problema en sus verdaderos términos. Todo lo que se le ha ocurrido a Sánchez es que se trata de un problema europeo, como si con ello resolviera algo.
La mentira volvió a estar presente en la declaración ante el juez de la ex ministra de Exteriores González Laya, sobre la entrada en España del líder polisario Ibrahim Ghali. Se escudó, nada menos, que en la Ley de Secretos Oficiales para no revelar quién se lo ordenó y cuals fueron las circunstancias del lamentable episodio. Insistió, como Sánchez, en que todo se ha producido dentro de la ley. Pero si fue así, ¿por qué fue cesada en menos de tres meses?
En conjunto, el Gobierno español está en manos de una pandilla de inútiles que tiene como principales frenos las instituciones del Estado de Derecho y los medios de comunicación independientes. Ha vuelto a ponerse de manifiesto con la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucionales las limitaciones impuestas al Congreso de los Diputados durante la pandemia. Muy al contrario, ha sido declarada conforme a la Constitución la prisión permanente revisable que estableció el Gobierno de Mariano Rajoy.
La perla de la semana la ha constituido, no obstante, que el golpista prófugo Puigdemont no haya sido entregado a España porque la abogacía del Estado aseguró en Bruselas que la euroorden del Juez Llarena no estaba en vigor, lo que era completamente falso. Resulta muy difícil mentir más.
