El Defensor del Pueblo estuvo en Melilla la semana pasada y, por la valoración escueta que hizo antes de partir de regreso a Madrid, parece que se fue contento de lo que vio en los centros de menores y en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). “Hay cosas que se nota que hay cambio, y se nota que el cambio es para bien”, dijo textualmente y sin concretar. Cuando se le preguntó si podía ser más específico en las cosas que habían mejorado, contestó que en La Purísima había 900 menores acogidos cuando él estuvo hace años, y ahora hay poco más de un tercio, alrededor de 350.
Es una realidad que ahora hay menos niños acogidos en el centro de La Purísima, pero la duda que nos asalta es si la valoración del Defensor del Pueblo habría sido distinta si los diferentes miembros del Gobierno que lo acompañaron en su recorrido por Melilla, que no fueron pocos (hasta cinco en algunos momentos, casi la mitad del tripartito) lo hubieran llevado por Horcas Coloradas, los puentes que permiten atravesar el cauce del Río de Oro o las escolleras de Melilla la Vieja. O a la Plaza de Toros. Eso le habría permitido comprobar que una parte de los menores que ya no están en La Purísima por haber cumplido la mayoría de edad están viviendo en la calle. Cerca de 120 entre menores y extutelados, que son más de la mitad de quienes no tienen un techo bajo el que protegerse en Melilla.
Eso no es darles la “dignidad” de la que hablaba el Defensor del Pueblo, aunque la culpa tampoco es de la Ciudad Autónoma, cuya competencia es atender y cubrir las necesidades de estas personas hasta que cumplen los 18. El papel de la Administración melillense, incluso, está yendo más allá de ese deber abriéndoles la Plaza de Toros para que puedan pernoctar allí, aunque sea de aquella manera, con la única vigilancia e intervención de los educadores de calle, que podrían verse, en algún momento, superados ante un número de acogidos cada vez más creciente. De los 40 que empezaron a dormir hace cuatro semanas en la Plaza de Toros, ahora son más de 100. No hay tampoco un catering como había antes de que acabara el estado de alarma, sino que son las ONG son las que se encargan de darles un picnic de desayuno y cena.
¿Habría sido la valoración del Defensor del Pueblo distinta de conocer estos detalles? Probablemente. ¿Debería haber tenido en cuenta en su análisis y comparativa respecto al panorama de años pasados que si ahora hay muchos menos menores acogidos en los centros es porque la frontera lleva cerrada cerca de 15 meses? Por supuesto, porque es una razón de enorme peso en ese “cambio” en los centros de menores del que hablaba el Defensor del Pueblo. La prueba está en que antes de la pandemia, y durante sus inicios, los centros de menores seguían tan saturados como antes y esa fue la razón, según el Gobierno, por el que se creó otro nuevo en Rostrogordo.
La valoración del Defensor del Pueblo, por lo tanto, no es completamente fiel a la realidad ni tampoco puede llevar a la complacencia a quienes tienen en sus manos la responsabilidad de gestionar en la Ciudad Autónoma y la Delegación. Menos aún cuando en Melilla hay más de 200 personas viviendo en la calle y con una pandemia que aún dura, con los problemas de todo tipo que eso puede conllevar.
