Instalaciones del CETI en Melilla, donde se acoge a migrantes y solicitantes de asilo.
Amnistía Internacional (AI) ha instado al Gobierno español a garantizar condiciones de vida adecuadas en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla y a asegurar el traslado inmediato a la península de las personas en situación de especial vulnerabilidad, especialmente cuando estos centros no puedan proporcionarles la atención necesaria.
La organización, a través de su Equipo de Migración y Refugio, subraya que entre los colectivos que requieren una atención prioritaria se encuentran personas con discapacidad, familias con menores en edad de escolarización, mujeres embarazadas, personas con problemas psicológicos, víctimas de trata, de violencia de género, violencia sexual o tortura, así como personas LGBTIQ+.
Los CETI de Ceuta y Melilla acogen a personas migrantes y solicitantes de asilo que llegan a la frontera sur de España. Aunque su función es asistencial y las personas alojadas no están privadas de libertad, Amnistía Internacional alerta de que su gestión presenta “serios problemas de derechos humanos”, agravados por la falta de transparencia y la aplicación de criterios administrativos desiguales.
Según la ONG, en Ceuta la mayoría de las personas acogidas procede del continente africano, en muchos casos tras entrar a nado y en situación de extrema vulnerabilidad y sin recursos económicos, lo que las aboca incluso a vivir en la calle antes de acceder al centro. En Melilla, el perfil ha cambiado en los últimos años y una parte mayoritaria de las personas acogidas es de origen latinoamericano, muchas de las cuales llegan desde la península por vía aérea para formalizar allí su solicitud de asilo ante las dificultades para obtener cita en otras ciudades.
Amnistía Internacional también ha recogido testimonios de personas que aseguran haber sido víctimas de devoluciones en caliente en el mar por parte de las autoridades españolas, incluso en más de una ocasión, una práctica que la organización considera contraria a los derechos humanos.
Estancias variables y criterios desiguales
El tiempo de permanencia en los CETI varía en función de cada caso y depende, en gran medida, de decisiones administrativas. En general, las personas permanecen en estos centros hasta que son trasladadas a la península por el Ministerio del Interior o hasta que se ejecuta una orden de devolución o expulsión.
AI denuncia que no existe una norma clara y pública que determine cuándo debe producirse el traslado a la península, lo que genera incertidumbre y situaciones de desigualdad. En la práctica, señala la organización, se han aplicado criterios desiguales, trasladando con mayor rapidez a determinadas nacionalidades o perfiles, mientras otras personas permanecen durante más tiempo en los centros. “La falta de criterios claros y públicos expone a las personas migrantes a situaciones de desigualdad y vulneración de derechos humanos”, advierte.
Capacidad superada y falta de datos públicos
La capacidad oficial de los CETI es de 686 plazas en Melilla y 512 en Ceuta, según los datos técnicos más recientes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Sin embargo, estos centros superan con frecuencia su capacidad, especialmente en periodos de mayor presión migratoria como los meses de verano.
Aunque no se publican datos de ocupación en tiempo real, los informes de balance migratorio indican que, a 15 de junio de 2025, habían llegado a Ceuta cerca de 800 personas por vía irregular. Mientras las entradas por mar han descendido de forma significativa, un 76,9 %, las llegadas por vía terrestre —a través de la valla y los espigones— siguen siendo la principal forma de acceso.
Obstáculos para solicitar asilo
La ONG ha alertado además de las dificultades añadidas para solicitar asilo que afrontan personas de nacionalidad marroquí o argelina. Según testimonios recogidos en abril de 2025, estas personas no pueden formalizar su solicitud desde el propio CETI de Ceuta y deben hacerlo por su cuenta a través de una aplicación móvil, lo que requiere disponer de un teléfono español, conocer el idioma y el procedimiento, además de competir por citas que se cierran con rapidez.
Amnistía Internacional concluye que la vulneración de derechos humanos en las fronteras españolas se produce de forma sistemática, en un contexto de racismo estructural y falta de transparencia en los protocolos que rigen los procedimientos y los centros de gestión migratoria. “La gestión de los CETI en la frontera sur de España se caracteriza por la arbitrariedad administrativa y vulneraciones de derechos humanos”, denuncia la organización.
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