Amnistía Internacional considera "inaceptable" la reforma de la Ley de Extranjería propuesta por el Grupo Parlamentario Popular para amparar la entrega sobre la marcha a Marruecos de inmigrantes interceptados en las vallas de Ceuta y Melilla, una práctica, asegura, "que en derecho internacional es ilegal" y que como tal, denunciarán ante la Comisión Europea.
"Llevamos años denunciando la persistencia de este tipo de expulsiones sumarias, que están prohibidas por el Protocolo Cuarto del Convenio Europeo de Derechos Humanos, entre otros y que son contrarias a la Convención de Ginebra", explica la responsable del área de inmigración en la organización, María Serrano.
En declaraciones a Europa Press, ha incidido en que estas prácticas "están prohibidas porque sus consecuencias pueden ser terribles para los Derechos Humanos" ya que "devolver a personas sin prodecimientos ni garantías, sin examinar su solicitud ni comprobar si pueden sufrir persecución, las expone a peligros para su vida y su integridad".
Serrano recuerda que se trata de personas que pueden ser "torturadas" o acabar "desaparecidas", entre otros peligros a los que se exponen, "tanto si son devueltas a sus países de origen como a los países de tránsito, como es el caso de Marruecos", donde organizaciones locales han documentado abusos incluso por parte de las fuerzas de seguridad.
Además, incide en que "las autoridades no pueden crear limbos jurídicos donde no concurra la legislación internacional" y asegura que "crear un régimen específico", como persigue la enmienda del PP, para Ceuta y Melilla, "no exime de aplicar el derecho internacional" dentro de estos territorios.
En este sentido, la representante de Amnistía Internacional plantea que "se podría estar incumpliendo normativa europea y puede acarrear prodecimientos sancionadores". "Veremos todas las posibilidades y lo llevaremos ante las instituciones europeas y la Comisión Europea para denunciar esta situación", avanza.
Para Serrano, "es difícil que la Comisión Europea pueda mirar hacia otro lado ante un cambio legislativo que puede exponer a violaciones de derechos humanos a una persona".
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