El Juzgado de Instrucción número 2 ha solicitado al Gobierno de Melilla que paralice los pagos a “determinadas empresas muy concretas” en el marco de la investigación por la que el pasado viernes agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional acudieron al Palacio de la Asamblea de Melilla para realizar “una solicitud judicial de volcado de datos”.
En rueda de prensa, la consejera de Hacienda, Empleo y Comercio en funciones, Dunia Almansouri, no ha concretado cuántas empresas ni a qué áreas afectan esos expedientes paralizados porque el caso se encuentra bajo secreto de sumario y, además, afirma desconocer esa información.
No obstante, Almansouri ha querido dejar claro que la administración no está paralizada y ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía melillense y a todos los proveedores que trabajan con la Ciudad Autónoma, tanto las que tienen licitados contratos mayores como las que tienen facturas pendientes de cobrar.
Dunia Almansouri ha pedido que “no se magnifique esta cuestión, cuando de momento es una investigación bajo secreto sumarial que ya se conocerá” y sobre la que se ha mostrado convencida de que “quedará en nada”, ya que, como consejera, no procede a la firma de documentación hasta que pasa por un secretario técnico, un director general, el área de contabilidad y la Intervención de la Ciudad Autónoma.
“Tendría que haber una connivencia entre tantas personas dispares desde distintas consejerías para que esto acabe en algo, que es imposible”, ha insistido la consejera en funciones para mostrar “una tranquilidad total y absoluta” y ponerse a disposición de la Justicia, “como siempre ha hecho este Gobierno en estos 4 años” con una “máxima colaboración”.
Por ello, ha considerado “llamativo” que 12 agentes uniformados de la Policía Nacional acudieran al Palacio de la Asamblea el pasado viernes para entregar “una notificación compuesta por dos folios y medio”, una “puesta en escena” que ha dado lugar a “una alarma” social y “al mayor circo mediático” del que dice haber sido testigo.
“Instrumentalización”
Para Almansouri, “es perversa la forma en que se está instrumentalizando la acción judicial y la acción policial desde una perspectiva política”, y se ha remitido a las declaraciones que ha realizado el presidente regional del PP, Juan José Imbroda, instando al Gobierno en funciones a retirarse y dejar la gestión en manos de altos funcionarios
“Estamos con la conciencia tranquila, con el alma en paz, y sabemos que todo lo que hemos hecho es por el bien de la ciudadanía y que no hemos tocado un céntimo de las arcas públicas”, ha aseverado Almansouri tras preguntar a Imbroda “por qué no fue coherente y no se fue” cuando, siendo presidente de Melilla, hubo registros en dependencias municipales.
Aquello sucedió en el seno de las operaciones Ópera y Tosca, sobre las que Almansouri ha afirmado que “se archivó por tiempos judiciales y por la complejidad, no porque se demostrara que no se había cometido ningún delito”.
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