Aldama remite al Supremo los correos con la inmobiliaria del piso que su socio pagaba a la expareja de Ábalos

El empresario Víctor de Aldama ha aportado de cara al juicio por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas que se celebrará en el Supremo –y en el que está acusado– una serie de correos electrónicos con la inmobiliaria del piso que su socio le pagaba a Jéssica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes y también acusado, José Luis Ábalos.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Aldama aporta la confirmación de la reserva del apartamento en Torre España, en el centro de Madrid, desde el 3 de abril de 2020 al 3 de abril de 2022, además de otra serie de correos entre la inmobiliaria y su socio Alberto Escolano «por los que se acreditan parte de los pagos de las mensualidades de alquiler efectuados por el mismo».

Así, el escrito recoge un justificante de pago de 2.901,65 euros que Escolano le remitió a la inmobiliaria en mayo de 2020, otro de diciembre de ese año y un último recibo, en septiembre de 2021, de 5.803,30 euros.

Cabe recordar que, durante la instrucción, Jéssica Rodríguez declaró como testigo que asumía que el apartamento donde estuvo viviendo tres años lo pagaba el exministro.

AMENAZAS DE DESAHUCIO

Según el escrito, el 3 de diciembre de 2020, una trabajadora de la inmobiliaria comunicó a Escolano que si no recibía el pago del piso próximamente, deberá «escalar el problema a la propiedad de la empresa».

Pocos días después, le manda otro correo insistiendo en que realice el pago porque, de no hacerlo, tendría que proceder a la «salida inmediata de la propiedad».

En esta línea, la empresa informó a Escolano de que habían hablado con Jéssica –que le indicó que «tampoco tiene cómo conversar» con él– y de que «se tiene que rescindir» el contrato.

El último correo aportado, del 21 de diciembre de 2021, en el que advirtió a Escolano de que habían enviado «infinidad de mensajes, un burofax» y que no habían obtenido «ningún tipo de respuesta».

«El siguiente paso es proceder a una demanda de desahucio puesto que no hay ningún tipo de colaboración por tu parte en lo que concierne a los pagos adeudados hasta la fecha», advirtió la inmobiliaria.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil informó en 2024 de que había encontrado «evidencias» de que un presunto «testaferro» pagó 82.298 euros para alquilar un piso en Plaza España, Madrid, en el que residía Jéssica.

Los investigadores precisaron que, según la inmobiliaria, se pagó el alquiler de marzo de 2019 a septiembre de 2021, pero la expareja del exministro continuó viviendo en ese inmueble hasta finales de marzo de 2022.

Acceda a la versión completa del contenido