Casi un mes después de la reapertura de la frontera terrestre entre España y Marruecos, que ha supuesto reanudar los lazos sociales entre ambos lados, en Melilla la incógnita ahora es cuándo se podrá dar el siguiente paso: recuperar el desarrollo económico que se perdió hace casi cuatro años con el cierre de la aduana comercial. El presidente de la Confederación Melillense de Empresarios (CEME-CEOE), Enrique Alcoba, cree que España y Marruecos deberían haber llegado a un acuerdo más concreto sobre la fecha de la reapertura de la aduana comercial en la reunión entre Sánchez y Mohamed VI en abril para no tener ahora esta incertidumbre.
Y es que, en Melilla, entiende la CEME-CEOE, la puesta en marcha de la aduana no debería tener mayor complicación, habida cuenta que la infraestructura ya existía y solamente está a falta de que se instalen en ella la Agencia Tributaria y la Guardia Civil, que eran quienes coordinaban y vigilaban su funcionamiento.
Esta tardanza, por lo tanto, cree que puede deberse a una intención de ponerla en marcha junto con la de Ceuta, que sí debe partir de cero, si bien ha insistido en que para Melilla y su desarrollo económico “es primordial y esencial” volver a contar con su aduana, lo que permitiría completar la reapertura fronteriza casi cuatro años después.
Hay que recordar que el 1 de agosto de 2018, la aduana comercial de Melilla, que llevaba funcionando de manera ininterrumpida y sin problemas desde hacía más de seis décadas en la frontera de Beni-Enzar, dejó de funcionar por una decisión unilateral de Marruecos, interpretado por todo el mundo como un paso más en la hoja de ruta del país vecino de asfixiar la economía de la ciudad.
Aquel bloqueo al paso oficial de mercancías tuvo sus consecuencias por el movimiento económico que suponía para Melilla. Según Alcoba, el año anterior a su cierre, la aduana había facturado 40 millones de euros en transacciones comerciales.
Además, alrededor del 70 % de las mercancías que entraban a Melilla pasaban a Marruecos, parte de ellas por la aduana, aunque también un volumen importante lo hacía en grandes bultos cargados por porteadores en la frontera de Barrio Chino, el denominado comercio atípico, al que la pandemia y el cierre fronterizo pusieron fin en marzo de 2020.
Por lo tanto, Melilla no tiene relación comercial de ningún tipo con su entorno más cercano desde hace más de dos años y medio, de ahí que en la ciudad fuera acogido con esperanza el anuncio de la reanudación del paso de mercancías que hizo en Rabat en abril el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reiterado la semana pasada en el Congreso.
“Es un tema fundamental y primordial para la economía de la ciudad”, ha resumido Alcoba lo que supone para Melilla su aduana comercial, cuyo cierre impuesto por Marruecos ha provocado en estos casi cuatro años el final en la ciudad de muchas empresas y un polígono industrial con un buen número de naves vacías.
Entre las empresas que cerraron hay varias agencias de transportes, algunas de las cuales se trasladaron a Almería y Málaga para seguir exportando al país alauita lo que no podían hacer desde Melilla, algo que, además de ser un ejemplo gráfico de ese ahogo intencional por parte de Marruecos, también conllevó la marcha de muchos trabajadores y sus familias de la ciudad.
“Eso no es bueno para la economía, que tiene que fomentarse con las empresas instaladas en Melilla”, ha insistido Alcoba.
La consejera de Hacienda, Empleo y Comercio, Dunia Almansouri, considera que ambos lados de la frontera necesitan “unas relaciones sanas y comerciales” retomando “una actividad habitual y normal entre dos ciudades vecinas”.
“Es importante por las relaciones entre dos ciudades o dos países amigos y vecinos. Nosotros seguimos reclamando la pronta apertura de la aduana comercial”, subrayó Almansouri tras matizar que la razón de esta petición va más allá de los ingresos públicos perdidos por el IPSI de importación con el cierre de la aduana.
No en vano, en muchos casos ese impuesto ni siquiera se llegaba a cobrar al estar exento en las mercancías en tránsito, pero la consejera sí pone el acento en la necesidad de recuperar unos “tránsitos normales, regulados y documentados” de mercancías, como permitía la aduana comercial, para evitar “la explosión total” del comercio atípico que supuso su cierre en 2018.
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