ALA, que denunció a Imbroda, dice que es ajena a cualquier signo político

La Asociación Libre de Abogados (ALA) que preside José Miguel Pérez ha señalado en un comunicado de prensa que desde el año 2011 se viene instruyendo en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Melilla un proceso judicial iniciado por la denuncia interpuesta por esta asociación, en el llamado ‘Caso Abogados’, por el que el Tribunal Supremo archivó la causa contra el presidente de la Ciudad Juan José Imbroda y queda pendiente la parte que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla para los no aforados.
Esta organización señala que en la denuncia se daba traslado de la información que aportaba un miembro de los servicios jurídicos de la Ciudad Autónoma de Melilla. Durante la causa, añade, "sus manifestaciones se han visto corroboradas por las diligencias practicadas y ha conllevado la apertura de varias piezas separadas". Asimismo, indica que los informes de la Policía Judicial (Guardia Civil), Intervención General del Estado y Ministerio Fiscal, junto con las resoluciones del Juez Instructor, "han sido debidamente motivados y corroborados por datos objetivos". En este sentido, explica que la función de la ALA ha sido la de impulsar y apoyar la labor de la Justicia. "Los motivos han sido estrictamente profesionales, ajenos a cualquier signo político, como respuesta a las quejas constantes de Letrados y el silencio de los órganos que deben ampararles, frente a acciones que entendíamos contrarias al Estado de Derecho que atentaban contra la libre concurrencia de todos los profesionales independientes de la abogacía a un puesto público o a un contrato con la Administración" afirma en la nota. "Intentar ver cualquier motivo espurio es un ejercicio inútil, y nuestra libertad sigue intacta, limitada únicamente por el imperio de la Ley y la Constitución sobre la que juramos en su día nuestra profesión" destaca. De este modo, asevera que "la transparencia debe imperar en todos los escalafones de la Justicia, y mientras que en los órganos judiciales de instrucción se ha respetado el acceso al proceso de esta asociación, corroborado así expresamente por la Audiencia Provincial de Melilla, el Magistrado Instructor del Tribunal Supremo ha omitido expresamente a la acusación popular" critica. "Desde el mes de Diciembre del pasado año -añade el comunicado de ALA- se interesó seguir siendo parte en el Alto Tribunal; mientras la Sala acordaba la personación, el instructor se mostraba en silencio impidiendo hacerla efectiva. Nunca se dignó a resolver nada que pudiera suponer admitir nuestra personación en la causa, ni se nos ha escuchado antes de acordar el archivo". Por último, señala que "el derecho a mostrarse parte en un proceso penal es una manifestación de la participación ciudadana en la Administración de Justicia (Sentencia del Tribunal Constitucional nº 79/1999), y se ha vulnerado absolutamente".

Acceda a la versión completa del contenido