AI reclama el traslado a la Península de una madre y su hija tras más de un año en el CETI

Amnistía Internacional ha iniciado una ciberacción para recoger firmas y reclamar el traslado inminente de una madre argelina y su hija de 3 años a la Península. La mujer, que fue víctima de maltrato de su marido, había recibido la notificación de la salida. Sin embargo, después de más de 12 meses en el CETI, la han anulado para practicar la prueba de ADN. Amnistía Internacional ha iniciado una ciberacción para recoger firmas y reclamar el traslado inmediato a la Península de Marian y su hija de 3 años. Ambas residen en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) desde hace más de un año, según afirma la ONG.
Hace unos días se le comunicó a la madre que iban a salir de Melilla, sin embargo, esta decisión fue posteriormente revocada para practicarles las pruebas de ADN que confirmen la relación materno-filial.
«Esta decisión llega un año después de la llegada de Marian y su hija a territorio español, y hasta ahora, no parece que hayan existido por parte de las autoridades dudas en relación a su filiación», sentencia la asociación.
La ONG, además, pone de manifiesto que la madre de origen argelino debe salir de Melilla inminentemente por su condición de víctima de violencia de género. En este sentido, explica que llegó al CETI en compañía de su marido, al que hubo que expulsar del centro por las palizas y los insultos hacia Marian.

Falta de medidas adecuadas para su integridad
«La falta de medidas adecuadas para garantizar la integridad física y psicológica de Marian y de su hija y su condición de víctima de violencia de género hacen que sea urgente su traslado a la península», pone de manifiesto la asociación, que en los primeros días de la ciberacción ha recogido más de 2.100 firmas de apoyo.
“Marian y su hija no pueden esperar el resultado de unas pruebas que hace un año nadie solicitó”, continúa defendiendo la ONG. En el texto, además, AI se pregunta el por qué, después de llevar más de un año en el CETI, es ahora cuando se ha decidido que se les practique la prueba de ADN. En este sentido, subraya que no se están “garantizado los derechos que tiene reconocidos en la legislación española”.

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