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La Delegación en España del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha advertido al Gobierno de Mariano Rajoy que la denegación de asilo a los siete inmigrantes que llegaron el martes a las islas Chafarinas contravendría la legislación vigente y los compromisos internacionales. En un comunicado, ACNUR muestra su "preocupación" por la situación de estos siete inmigrantes, que después de un día y medio de su llegada a la isla del Congreso a bordo de una embarcación neumática fueron puestos entregados a las autoridades marroquíes.
Este organismo de la ONU, poco antes de que se confirmara la devolución de los subsaharianos al país vecino, había expresado su confianza en que las autoridades españolas adoptarían "todas las medidas pertinentes para reparar la situación creada". Su portavoz en España, Rosa Otero, declaró a posteriori en una entrevista concedida a la Cadena Ser que "estas expulsiones contravienen la legislación vigente"
ACNUR, basándose en la información de la que ha dispuesto durante las horas que ha durado esta 'crisis' de las Chafarinas, explicó que tuvo conocimiento de que los inmigrantes de Chafarinas, a través de su abogada, habían informado a las autoridades de su intención de solicitar asilo en España. Por ello, la organización se puso en contacto con el Ministerio de Interior para reclamar que estas personas pudieran presentar de manera oficial su solicitud de asilo conforme establece la ley.
"En caso de que se confirmara la información recibida, estos hechos supondrían una denegación del acceso al procedimiento de asilo en España, lo que contravendría la legislación vigente y los compromisos internacionales adquiridos por España", advirtió ACNUR.
Hay que recordar que el Gobierno español procedió a la devolución de los siete inmigrantes en dos tantas, una por la mañana y otra por la tarde, para dar por cerrada una hipotética nueva vía de entrada irregular de inmigrantes hacia Europa a través de las islas y peñones de soberanía española que hay repartidos por el norte de África.
Según la Delegación del Gobierno en Melilla, esta devolución se hizo dentro de la legalidad vigente y en el marco de la cooperación entre España y Marruecos.
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