Acedo dice que el archivo del Tribunal de Cuentas sobre el laboratorio covid es por la ausencia de registro contable

La senadora del PP por Melilla, Sofía Acedo, afirmó ayer que la decisión del Tribunal de Cuentas de archivar la denuncia popular sobre un supuesto sobrecoste en la adjudicación del laboratorio covid de Melilla se debe a que no hay un registro contable y, por lo tanto, este organismo “no puede determinar absolutamente nada”.

A preguntas de los periodistas, Acedo quitó así hierro al archivo de la denuncia de su partido y afeó a la consejera de Hacienda, Empleo y Comercio, Dunia Almansouri (CPM), su “triunfalismo” a la hora de anunciarlo y el intento de “engañar” a la opinión pública a través de ello.

De hecho, afirmó con rotundidad que el Tribunal de Cuentas determinará que hay responsabilidad contable cuando haya un registro de este tipo sobre el laboratorio covid, y dejó claro que “ha existido” el procedimiento por el que “se ha adjudicado por un precio muy superior al precio de mercado”, superior a 300.000 euros.

Ello “se tendrá que dirimir en las instancias que corresponda”, dijo la senadora al apuntar que la adjudicación fue firmada por la consejera Almansouri, y en ella participó el exconsejero de Salud Pública, Mohamed Mohand, del PSOE.

“Esto fue una barrabasada que se paró por las denuncias del PP en defensa de los intereses de los melillenses, y menos mal”, aseveró la parlamentaria nacional, según la cual este archivo no significa que no haya responsabilidades administrativas o de otro tipo ni tampoco “quita la gravedad de lo que se pretendió”.

Insistido en que su partido hizo “una gran labor” en este tema, en el que acusó al Gobierno de “intentarlo disfrazar” como una emergencia que no se pudo acreditar, con “una intencionalidad consciente por parte del Gobierno de adjudicar un laboratorio a una empresa cercana a miembros del Ejecutivo”.

Y todo ello, agregado Acedo, “aderezado en una época de pandemia donde han fallecido muchos melillenses y donde muchos lo están pasando muy mal”, algo que, a su juicio, “incrementa la responsabilidad” del Gobierno local.