Acabar con la división interna y reflotar la imagen de la Fiscalía, principales desafíos de Teresa Peramato

Teresa Peramato, la nueva fiscal general del Estado designada por el Gobierno, tomará las riendas de la institución en un momento especialmente complicado porque lo hará tras la salida de Álvaro García Ortiz del cargo por su condena en el Tribunal Supremo (TS), una situación inédita que ha venido a profundizar la brecha interna y a rematar la ya perjudicada imagen del Ministerio Público, por lo que enmendar ambas cosas se vislumbra como su mayor reto.

García Ortiz renunció al cargo el pasado lunes, en una breve carta remitida al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, donde expresó su «convencimiento» de «haber servido fielmente a la institución», «con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional».

Desde que el TS le encausó, el 16 de octubre de 2024, García Ortiz reivindicó que en todo momento había actuado en defensa de la Fiscalía y de sus miembros ante lo que consideró un «bulo»: la noticia publicada a las 21:29 del 13 de marzo de ese año por ‘El Mundo’ donde se decía que el fiscal había ofrecido pactar a Alberto González Amador –novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso– para que confesara los delitos fiscales por los que le investigaba.

Por eso, hasta este 20 de noviembre, se había negado a dimitir. Pero llegado ese día, cuando el Supremo anunció que le condenaba a dos años de inhabilitación para el cargo por revelar secretos de González Amador, imponiéndole también una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros por «daños morales», decidió que era «el momento de abandonar».

Había resistido, contra todo pronóstico, un año, un mes y cuatro días. En ese tiempo, fueron muchos los llamamientos, tanto en el mundo jurídico como en la esfera política, para que dimitiera. En concreto, la Asociación de Fiscales (AF) –la mayoritaria en la carrera fiscal– y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) –que ejerció de acusación durante el juicio– le urgieron a irse para no dañar la imagen del Ministerio Público.

Sin embargo, el procedimiento penal no fue sino el culmen de un desgaste que la institución arrastraba desde la época de Dolores Delgado, por convertirse en fiscal general del Estado inmediatamente después de haber sido ministra de Justicia. De hecho, su caso propició que, fruto del acuerdo entre PSOE y PP para renovar el anterior Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se reformara la ley para impedir ese tipo de transiciones.

Este ‘pecado original’, entre otros asuntos como la abrupta salida de la Fiscalía Anticorrupción de Ignacio Stampa –entonces asignado al ‘caso Villarejo’–, marcó el mandato de Delgado, que finalmente dimitió el 20 de julio de 2022 alegando motivos de salud por una reciente operación de espalda. García Ortiz, que ejerció como su ‘mano derecha’, heredó esa rémora.

Percibido desde el primer momento como una figura continuista, García Ortiz se enfrentó a una fuerte contestación interna que fue ‘in crescendo’. Primero desde el Consejo Fiscal, órgano consultivo del fiscal general del Estado que poco antes de la renuncia de Delgado quedó en manos de la AF y la APIF, tras unas elecciones que la asociación mayoritaria interpretó como muestra del «hartazgo con Delgado» en la carrera fiscal.

Y, después, a raíz de polémicas decisiones como la de ascender a su predecesora inmediata a la máxima categoría para situarla posteriormente como fiscal de Memoria Democrática y Derechos Humanos. Ambos nombramientos acabaron en el Supremo, que atribuyó a García Ortiz haber incurrido en una «desviación de poder» al promocionar a Delgado y anuló las sucesivas designaciones, si bien el Gobierno acabó ratificándola tras cumplir con los pasos indicados por el alto tribunal.

El ‘caso Delgado’ también rompió las costuras en la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenecieron ambos y de la que Peramato fue portavoz. Destacados miembros –como el fiscal del ‘procés’ Javier Zaragoza, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, o el fiscal del Tribunal de Cuentas Carlos Castresana– se dieron de baja por «el lamentable espectáculo» vivido a cuenta de los nombramientos relativos a la exministra de Justicia.

En esa coyuntura, el anterior CGPJ –de mayoría conservadora– declaró «no idóneo» a García Ortiz para continuar en el cargo, en el marco del proceso para su renovación, que se consumó el 27 de diciembre de 2023. Era la primera vez que el órgano de gobierno de los jueces rechazaba al candidato propuesto por el Gobierno.

En la decisión del CGPJ, además de los asuntos mencionados, pesó la política de nombramientos discrecionales de García Ortiz, acusado de favorecer a los miembros de la UPF; haber impuesto lo que consideró criterios erróneos, como con la ley del ‘solo sí es sí’; y su «inactividad» para defender a los fiscales del ‘procés’ de las acusaciones de ‘lawfare’.

La fractura interna quedó patente en las sucesivas juntas de fiscales que se celebraron para fijar postura en los casos de ‘Tsunami Democrátic’, la ley de amnistía y la querella de González Amador contra dos fiscales, en el arranque del caso que ha concluido con la condena del Supremo. En los dos primeros, García Ortiz desoyó el criterio de la mayoría, mientras que en el último ganó el de la Fiscalía General del Estado con 19 votos a favor, 12 en contra y una abstención.

A todo ello se suma la posición adoptada por el Ministerio Fiscal en casos de gran impacto político, como los dirigidos contra la mujer y el hermano del presidente del Gobierno, Begoña Gómez y David Sánchez, así como en la causa contra García Ortiz, ya que lejos de las habituales tesis acusatorias asumió una actitud defensora.

«LA INSTITUCIÓN ESTÁ ROTA»

Fuentes fiscales consultadas por Europa Press lamentan que todo ello ha contribuido a crear una «imagen de politización» de la Fiscalía que la ha quebrado internamente y en su proyección pública. «La institución está rota», aseguran.

Así, señalan como uno de los principales retos de Peramato coser las fisuras en el seno del Ministerio Fiscal, subrayando que esto también implica elevar «la moral de la tropa», puesto que entre muchos fiscales ha cundido el desánimo tras la condena del Supremo, ya sea porque consideren que García Ortiz ha empujado a la institución a una situación inédita, ya sea porque lo veían como la última barrera.

El otro gran desafío de la futura fiscal general es recuperar «la confianza en la institución por parte de la ciudadanía». Que en estos momentos «es ninguna», indican las citadas fuentes.

No obstante, para todo ello estiman que «haría falta alguien de mucho prestigio y muy neutro», «radicalmente separado de la política». Algunas voces creen que Peramato no cumple los requisitos por su estrecha vinculación con la UPF, que le imprime una «carga ideológica» excesiva. En el otro extremo, subrayan su calidad jurídica y que «ama la carrera fiscal». «Eso debería bastar», dicen al tiempo que asumen que la reconciliación interna no será fácil.

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