Absueltos los empleados de una sucursal acusados de ayudar a una red de blanqueo

La Audiencia Provincial de Melilla ha absuelto a los siete empleados de una entidad financiera situada en el barrio de la Victoria, frente al Hospital Comarcal, tras estimar que no colaboraron con una red de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, según ha podido saber este periódico. El Ministerio Fiscal había extendido la imputación por blanqueo de capitales a estos empleados bancarios por considerar que participaban en la cooperación delictiva con la omisión de los controles específicos de vigilancia en relación a la prevención del blanqueo de capitales, que a su vez habría permitido a los titulares de la cuenta el encubrimiento impune del origen delictivo de los fondos con los que operaban. El tribunal ha rechazado esta teoría y les declara inocentes. La sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso. El director, la gestora de negocios, la directora comercial y el gestor operativo y tres cajeros de la sucursal bancaria situada en el barrio de la Victoria, frente al hospital, han sido absueltos.

El proceso judicial se inició el pasado mes de noviembre de 2017 por unos hechos que se remontan al año 2010 a raíz de unas escuchas a un matrimonio al que se investigaba por narcotráfico.

Según recogía el escrito de acusación de la Fiscalía, el dinero procedía del “tráfico de hachís a gran escala” que supuestamente llevaban a cabo dos hermanos, M.A. y M.A., y con el que lograron “ingentes cantidades de efectivo en euros”.

Ambos tenían como testaferro a un tercer hermano, B.A., quien les había comprado sus respectivas casas en el Real y en el Barrio de la Libertad, y que llegó a sacarlos de la prisión preventiva en la que se encontraban tras su detención el 23 de febrero de 2010, tras pagar 60.000 euros por cada uno de ellos. Tres años más tarde también él sería detenido e ingresado en prisión, de la que salió el mismo día por una fianza de 85.000 euros.

La Fiscalía relataba en su escrito, de 19 folios, cómo M.A. y M.A. procedieron, presuntamente, a “lavar el capital obtenido” a través de un entramado empresarial, integrado por varias entidades mercantiles, algunas de ellas ubicadas en la provincia de Barcelona.

Para ello, habrían contado con la participación de A.O., que figuraba como apoderado y administrador de dos de las empresas, y a quien la Fiscalía acusa de “aleccionar” a uno de los hermanos “acerca del lavado de su capital, a sabiendas de la actividad ilícita a la que se dedicaba M.A.”. También lo señala como el autor de la transferencia de 11 vehículos de alta gama de una empresa a otra tras la detención e ingreso en prisión provisional de M.A. “con ánimo de eludir una acción confiscatoria”.

Entre los 13 acusados en este procedimiento judicial estaban los siete empleados de la sucursal bancaria, concretamente el director, la gestora de negocios, la directora comercial y el gestor operativo y tres cajeros. La Fiscalía detallaba en su escrito de acusación cómo estos siete empleados del banco actuaron con “connivencia, beneplácito, condescendencia e ignorancia deliberada” para que la red de blanqueo de capitales consiguiera “materializar sus objetivos” burlando la Ley de Prevención de Blanqueo y las normas internas del banco.

Sin embargo, la Audiencia Provincial considera que no colaboraron con la red y les absuelve de todos los delitos. La sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso ante el Tribunal Supremo.

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