16-08-2021 Trabajadores ayudan a tres de los menores marroquíes a las puertas del juzgado tras presentar una denuncia solicitando habeas corpus minutos antes de ser repatriados a su país de origen, en la frontera de Tarajal, a 16 de agosto de 2021, en Ceuta (España). De los 15 menores no acompañados que llegaron a Ceuta de forma masiva el pasado mes de mayo y que este lunes iban de camino a ser repatriados a su país de origen, cinco han sido trasladados al juzgado tras la denuncia interpuesta solicitando habeas corpus para poder estar delante del juez y evitar su repatriación. La respuesta de la jueza ha sido rechazar el habeas corpus presentado por los niños, pero suspender su traslado a Marruecos durante 72 horas. POLITICA Antonio Sempere - Europa Press
La Abogacía del Estado ha respaldado este viernes ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta la legalidad de proceder al retorno de los menores a Marruecos a través del Acuerdo de 2007 firmado con Rabat debido a la “situación excepcional” que vive la ciudad española tras la crisis vivida en mayo con la entrada irregular de unas 12.000 personas.
En su escrito de alegaciones, al que ha tenido acceso Europa Press, la Abogacía del Estado ve defectos de forma en la medida cautelar solicitada por la Coordinadora de Barrios y la Fundación Raíces en los juzgados de Ceuta que paralizó la repatriación de un grupo de menores, decisión a la que siguió la suspensión cautelar de todos los retornos adoptada por las autoridades locales. En concreto se refieren a que se pidieron esas cautelares “sin una previa interposición de recurso”.
Los Servicios Jurídicos del Estado recuerdan además que en la devolución de menores no acompañados “han concurrido dos administraciones”, es decir, la Ciudad Autónoma de Ceuta y la Delegación del Gobierno, y reprocha que “sólo a una se le ha permitido el trámite de alegaciones, por lo que se está causando una indefensión material”.
La anormalidad y la emergencia humanitaria
En el escrito se incide en que en el auto, la juez no realiza “una ponderación del interés general” exigible por ley, y califica la situación en Ceuta de excepcional. “El auto ahora presentado omite toda referencia a la ponderación circunstanciada de la perturbación grave de los intereses generales o de tercero que en el presente caso concurren de manera notoria”, subraya.
Y explica que se refiere a la “más que constatada situación de excepcionalidad, anormalidad y de emergencia humanitaria” de Ceuta, con 758 menores que están en centros temporales locales, y con otros 400 o 500 que deambulan por la ciudad sin control y protección y que pernoctan en campamentos “expuestos a todo tipo de riesgos sociales, sanitarios, morales y físicos, incluso poniendo en riesgo su vida”.
La Abogacía del Estado da cuenta además de las distintas reagrupaciones familiares que se han llevado a acabo y apunta que según manifestaciones realizadas por los representantes del Gobierno de Marruecos y del Organismo L’Entraide Nationale, que ha actuado como mediador, hasta un total de 561 menores han retornado voluntariamente a Marruecos y han sido devueltos a su entorno familiar.
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