A vueltas con el Estatuto Marco sanitario

Por Francisco Robles

El Ministerio de Sanidad -y su titular la ministra Mónica García-, lo han conseguido, o mejor dicho, no han logrado evitar la huelga médica indefinida -de carácter semanal y frecuencia mensual-, que será una realidad a partir del próximo día 16 de febrero, y que tendrá de nuevo un preludio que se prevé de dimensiones considerables por sus antecedentes, la manifestación convocada para el día 14 de febrero en Madrid; el acuerdo firmado con el resto de fuerzas sindicales del ámbito sanitario, desde el ministerio se ha querido vender como una legitimación del borrador de Estatuto Marco del personal de salud, a pesar de no contar con el apoyo ni la participación de uno de los colectivos -se quiera o no- indispensables en la prestación asistencial de índole sanitaria.

E incluso ha animado al ente ministerial a plantearse su tramitación urgente, aunque la misma va a ser todo menos rápida -como sinónimo de urgente-, ya que se prevén grandes y graves escollos en la misma ante los anuncios hechos por distintas fuerzas políticas, VOX -de modo frontal y ya activo-, el Partido Popular y Junts. La realidad es del signo contrario a la que asume el ministerio en su empecinamiento onírico, ya que el enconamiento del colectivo se ha exacerbado si cabe.

La mayor controversia entre el ministerio y los sindicatos médicos, reside en la irrenunciable aspiración del colectivo médico -así lo manifiestan-, a tener un estatuto propio similar al que tienen otros colectivos profesionales específicos como los jueces y fiscales, ya que su regulación no tiene nada que ver según ellos, con otras categorías profesionales incluídas en el actual borrador de estatuto(celadores, personal administrativo, técnicos sanitarios, ..); el argumento desde el ministerio de que se han recogido todas las reivindicaciones de los facultativos, salvo la del estatuto propio, no ha logrado convencer a los facultativos ni a sus representantes, y si no hay remedio desde este momento a esa fecha, las cancelaciones de consultas, pruebas e intervenciones, serán de nuevo actualidad en la asistencia sanitaria pública -sólo en Andalucía se suspendieron 250.000 citas en la huelga de diciembre pasado-. Lo que le faltaba a una sanidad pública, que pasa por sus peores momentos en la opinión pública -basta ver los últimos Barómetros Sanitarios del C.I.S.-, y cuyo estado se puede resumir en una frase repetida por especialistas en la materia: ha llegado la hora del cambio en el sistema.

El rechazo del borrador de estatuto ha sido unánime por parte de los representantes profesionales de los médicos, como lo demuestra el que la convocatoria de las movilizaciones a partir de febrero, hayan sido suscritas por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA), o sea, todos los integrantes del comité de huelga, al considerarlo insuficiente y no haber contado con su presencia para el cierre del acuerdo final.

Con este «aval» mayoritario y/o generalizado la pugna se prevé larga y dura, incluso más allá de nuestras fronteras, como lo demuestra la reunión habida en el parlamento Europeo de una delegación de la C.E.S.M. y la Federación Europea de Médicos Asalariados, en la que se reconoció la existencia de marginación y aislamiento del colectivo en la negociación, y se ofreció la vía legal de la Oficina de Peticiones Europeas, como posible forma de reconvenir la actuación del ministerio de sanidad en este tema. En la reunión se volvió a actualizar la consideración de la profesión médica como una ocupación ardua -de una especial dureza física y emocional-, y que por ello requiere una consideración laboral distinta y diferenciada, como lo sería su propio estatuto marco.

La «despoblación médica» es ya una realidad, con el agravante de que empeorará en los próximos diez años -se jubilarán el 25% de los actuales 276.000 facultativos en activo, siendo Ceuta y Melilla especialmente afectadas por este hecho-, y frente a ello las administraciones sanitarias, tanto estatal como  autonómica, intentan tapar las vías de agua del Sistema Nacional de Salud (S.N.S.) mediante homologaciones express, contrataciones de profesionales de formación extracomunitaria y el aumento de plazas M.I.R., que en cualquier caso al ser a un ritmo inadecuado al problema, las mismas no serán resolutivas. Además no se lucha contra las causas objetivadas en el libro de la OMC «Formación Médica Especializada en España, retos presentes y futuros» (julio de 2025), que identificó entre los motivos de la fuga de especialistas, a la precariedad laboral, la falta de reconocimiento profesional y la presión asistencial a la que están sometidos muchos servicios sanitarios.

Y mientras aquellos nuevos profesionales del S.N.S., sin la experiencia ni la formación de nuestros médicos, están conduciendo a un deterioro notorio de la calidad asistencial, nuestros nuevos especialistas -incluso los que están en vías de serlo-, por la sobrecarga de trabajo sufren niveles elevados de estrés y burnout, que les hace ver como única solución el dejar el S.N.S.; en el período 2020-2022 fueron 1200 médicos y en 2024 ello supuso una pérdida estimada de 4000 médicos. Y este fenómeno no afecta sólo a los médicos, esperemos que al menos los cambios del nuevo estatuto -que en cierta medida, recoge objetivos y notorios avances para el personal de su ámbito de aplicación-, corrijan esta deriva.

Lo cierto es que no llega en buen momento -profesional, social ni político- esta nueva crisis en la sanidad pública por el estatuto marco, que ya las comunidades autónomas -y de distinto color político- criticaron por la forma de manejar el tema por la ministra García y su equipo, tildándolo incluso de prender fuego al sector por plantear expectativas falsas, al no haber hecho un diagnóstico previo de la situación y ser ellas -las C.C.A.A.- en última instancia las que deban afrontar los compromisos recogidos en el nuevo estatuto.

Acceda a la versión completa del contenido