57 medidas en la XXIV Reunión Nacional de Jueces Decanos

En la XXIV Reunión Nacional de Jueces Decanos a la que acudió Emilio Lamo de Espinosa, Decano de los Juzgados de Melilla, durante los días 1 al 3 de diciembre en Valencia, los jueces propusieron 57 medidas.
Así, por ejemplo, los magistrados decanos quieren que los jueces que lleven casos de corrupción puedan dedicarse a ellos en exclusiva, las 24 horas del día y no tener que tener más expedientes de hasta 50 casos totalmente diferentes, como ocurre con algunos de sus señorías.

Por ello, la 24ª Reunión Nacional de Jueces Decanos de España señala que "la democracia española se encuentra hoy en una situación muy delicada", consideró este colectivo judicial que representa a casi dos mil magistrados. Y en especial, dentro de un "indiscutible contexto de desconfianza, de alarma sobre el funcionamiento de las instituciones", la justicia española se encuentra en "un momento clave en el que está en juego" su prestigio, según los magistrados.

En consecuencia, los jueces pidieron a los poderes del Estado, sobre todo, más medios. Solicitaron el incremento del número de jueces hasta alcanzar la media europea de 21 por cien mil habitantes. En España hay once -con 5,300 jueces en activo- y según estos cálculos debería haber 9.660.

Otra solicitud fue contar con más recursos económicos, como mínimo para que la partida de justicia llegue al 3% de los Presupuestos Generales del Estado. Actualmente es del 1,7%. En un documento dado a conocer se pueden leer también propuestas de aquellas que se escuchan a menudo de boca de políticos de uno y otro bando y suelen quedar en meras declaraciones.

Y subrayaron que quieren respuestas efectivas e inmediatas porque, dijeron, "tristemente disponemos de un sistema judicial dependiente en lo económico" de dichos poderes, "deficiente en cuanto a medios y obsoleto en cuanto a sus leyes" que determina "una desesperante lentitud de las causas".

Como ya lo venían pidiendo, los magistrados exigieron una reforma del Código Penal que incluya la ampliación del plazo de prescripción de los delitos de corrupción y la agravación de las penas para estos, además de la introducción del delito de enriquecimiento ilícito de cargos públicos y del de financiación ilegal de partidos.

Otra de sus peticiones fue la reducción de la cuota defraudada en delitos contra la hacienda pública (hoy son 120 mil euros) y la agravación de las penas para quienes "indirectamente amparen, oculten o faciliten la corrupción", como en la "omisión del deber de denunciar".

Asimismo, reclamaron la supresión y limitación de aforamientos, así como eliminar el "privilegio" a ciertas autoridades de realizar declaraciones por escrito sin comparecer ante el juez y restringir los indultos para que solo se concedan los que tengan informe favorable del tribunal.

El sistema de selección y nombramiento de los miembros del Tribunal de Cuentas, del Consejo del Poder Judicial e incluso del Tribunal Constitucional, que son "excesivamente dependientes de los partidos políticos", debería también modificarse, según los magistrados.

También demandaron la introducción de profundos cambios en el sistema de selección y nombramiento de los miembros del Tribunal de Cuentas, del Consejo General del Poder Judicial e incluso del Tribunal Constitucional, hoy excesivamente dependiente de los partidos políticos, así como la eliminación de la posibilidad del nombramiento de magistrados a propuesta de los parlamentos autonómicos.

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