El Tribunal de Cuentas, al que la Constitución define como “supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado así como del sector público”, detectaba numerosas irregularidades en la adjudicación, por parte del Ayuntamiento, del servicio de limpieza viaria a la empresa Itusa. La concesión se produjo en 1991, un mes antes de que el PSOE perdiera el Ayuntamiento en las elecciones municipales.

Se procedía a la retirada de una partida de cajas de cerveza caducada que llevaban días en la calle y que un grupo de indigentes había convertido en su bar particular con el consecuente riesgo para su salud.

El 87 por ciento de los alumnos de Enseñanzas Medias aprobaba ese año Selectividad.

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